Ilustración: @pedripol
Cuentan que el secreto del mejor arquero del mundo consistía en dibujar una diana alrededor del punto del árbol en el que penetraba la flecha. Sin duda Mariano Rajoy debe conocer esta historia porque en los últimos años no hace otra cosa que aplicar su moraleja: si se le clava en la rabadilla una manifestación, traza a su alrededor una ley mordaza; si recibe el pinchazo múltiple de una catarata de imputados, bosqueja un cambio legislativo que rebaje a la vez el impacto fonético y el tiempo de instrucción de los casos; y si la saeta de gobernar en minoría se le hunde en el costado, diseña un laberinto de vetos para despojar al poder legislativo de su función constitucional.
El veto gubernamental a las proposiciones de ley de otras instituciones es un síntoma de la esquizofrenia de nuestro sistema político, que presume de basarse en la separación de poderes pero que tiende al batiburrillo a la menor ocasión. Es una de esas trampas que se esconde entre la intrincada maleza de nuestro ordenamiento jurídico, camuflada con el paisaje como una mina abandonada pero dispuesta a detonarse cuando llega el momento oportuno. Encontramos su regulación en el artículo 134.6 de la Constitución, que reza así:
Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.
No descubro nada si digo que la aritmética parlamentaria actual dista mucho de ser el habitual reflejo del bipartidismo y tampoco seré original si añado que esta distribución de escaños coloca al Ejecutivo presidido por Rajoy en una situación de relativa debilidad. Ojo, solo relativa: en los temas nucleares creo que volvería a contar con el bote salvavidas del susanismo (dando por descontado el apoyo de su equipo filial) y si acaso la presión se acentuara demasiado, siempre tendría a mano el botón rojo de la convocatoria electoral.
Pero el caso es que hay otros temas (valgan la LOMCE y la Ley de Seguridad Ciudadana como paradigmas) en los que el Congreso ya ha tomado la iniciativa y ha tramitado proposiciones de ley para su modificación. Y aquí es donde entra en juego la añagaza, el truco de trilero: el Gobierno está empleando el comodín del derecho de veto de manera compulsiva para bloquear dichas proposiciones de ley y evitar así que el poder legislativo pueda desmontar el andamiaje de políticas restrictivas que el Partido Popular ha ido poniendo en marcha en los últimos años.
Es esta una herramienta que debería manejarse con sumo cuidado y la mayor lealtad institucional posible, ya que un uso abusivo supondría en la práctica vaciar de contenido a las Cámaras, legítimas depositarias de la representación popular. Zapatero, de hecho, lo utilizó con más asiduidad que sus antecesores para escándalo del entonces líder de la oposición Mariano Rajoy, que tildaba esta práctica de “antidemocrática y dictatorial”. Pues bien, el actual Gobierno del mismo Mariano Rajoy ya ha vetado ¡dieciséis proposiciones de Ley! en los dos meses escasos que llevamos de legislatura. Y el Presidente, lejos de amilanarse, ha declarado en sede parlamentaria que lo repetirá en cuantas ocasiones lo considere necesario. Ante esta estrategia torticera (o antidemocrática y dictatorial, por usar las palabras del propio Rajoy) el movimiento de respuesta del Congreso ha sido doble: por un lado sus letrados han emitido un informe en el que consideran facultada a la Mesa de la Cámara baja para exigir una motivación más detallada de las razones del veto; por otro, ha continuado adelante con la tramitación de algunas proposiciones vetadas por entender que el rechazo del Gobierno no estaba suficientemente justificado. El conflicto parece inevitable y al fondo del camino aparece o bien el Tribunal Constitucional o bien, más pronto que tarde, una urna. Hagan sus apuestas.
