Autor: Jesús Rodríguez

“Envidio la gente que tiene clara sus lealtades”

De la serie Sense8

El espacio público se ha convertido en el centro del debate sobre “el derecho a la ciudad”. No en vano todas las contradicciones sociales y ambientales suelen cristalizar en un territorio concreto. Hay quienes desde ese compromiso se han opuesto al arreglo de la calzada del campo del Sur, con el mismo modelo de bandas que rodean al casco histórico; pero hay quienes, desde las mismas lealtades, pensamos que el debate es muy distinto.

Desde mi punto de vista habría que abordar la cuestión general con tres objetivos:1 reducir el número de desplazamientos sin reducir derechos, 2 reducir las emisiones de CO2 (para mí el principal reto, primer lugar de construcción de lealtades y militancia en este momento histórico y desde cualquier ciudad del planeta) y 3 ampliar los espacios de esparcimiento y construcción comunitaria no fragmentados por los vehículos.

En primer lugar, la movilidad en Cádiz tiene una dimensión comarcal, de la que no es posible abstraerse. Cádiz lleva décadas perdiendo población. Con estadísticas de desempleo y pobreza similares, la única variable distinta a ciudades del entorno que ganan población es el precio de la vivienda, que provoca un efecto de diáspora, de expulsión permanente hacia otras ciudades de la bahía, pero es una diáspora que sigue haciendo su vida cotidiana aquí, aumentando la movilidad. Es más, la reanudación de la vida social y cultural de la ciudad es un reclamo para miles de personas (incluida la “diáspora gaditana”) que no tienen la misma oferta cultural en sus ciudades ni un casco histórico con las características del de nuestra ciudad. Por mucho que el Ayuntamiento de Cádiz haga esfuerzos, correctos y necesarios, por diversificar la oferta fuera del casco Histórico, éste seguirá siendo un lugar preferente de visitas recurrentes de toda la bahía. De hecho, una política comercial que no reduzca ni mimetice las formas de vida y convivencia al comercio pero que sea eficaz, hará al Casco Antiguo paulatinamente más atractivo que artefactos como Bahía Sur. O por señalar también la recuperación de la Escuela de Magisterio. Todo apunta a un incremento de la movilidad desde la bahía.

La idea no es reducir la presión o la tendencia a la movilidad de toda la diáspora obstaculizando su desplazamiento. Me parecería que frente al “derecho a la ciudad” aparecería una “usurpación” parcial, localista, del mismo. La clave es transformar esa movilidad en una sostenible y rápida; de un lado, mientras apostamos por una política de vivienda que permita recuperar a una generación (si perdemos una más Cádiz dejará tenderá al declive definitivamente). Frente a una política de vivienda inexistente en los últimos 20 años, el equipo de gobierno del ayuntamiento de Cádiz debe intentar (sabiendo los obstáculos objetivos derivados de la ausencia de suelo, concentración por acaparadores, legislaciones autonómicas y estatales que no permiten ser muy ofensivos en este terreno;  el peligro definitivo que se viene en forma de turistificación y su efecto inflación en todos los ámbitos, también en el de la vivienda, etc) construir una política de vivienda que atienda a un mercado que es definitivamente dual (es decir, la oferta para familias muy necesitadas y para familias con rentas salariales más estables parecen cada vez más desconectadas), atendiendo a todas los segmentos de la clase trabajadora y saliendo del marco de la “asistencia” como marco exclusivo. Eso permitirá fijar a sectores de la clase trabajadora (sobre todo con hijos e hijas que necesitan más espacio) con rentas un poco más estables en la ciudad, construyendo sinergias y marcos de convivencia y comunidad con los sectores más golpeados. Esa alianza es precisamente la alianza sobre la que se sostiene políticamente el gobierno. El efecto expulsión sólo deviene en envejecimiento, consolidación de guetos y fragmentación de la ciudad, perdiendo su construcción cotidiana cultural y comunitaria. Ése fue el modelo del PP que toca revertir.

En segundo lugar, recuperar y fijar en la ciudad a sectores amplios y diversos de las clases trabajadoras traerá una reducción de los desplazamientos y una modificación de los mismos. La capacidad para moverse a pie, en bicicleta o autobús al casco histórico es mayor si el desplazamiento se produce desde dentro de la ciudad que si se produce desde otra ciudad de la bahía. La insuficiente política ferroviaria y ese tranvía que parece que nunca llega no anuncian que vayan a paliar mucho este fenómeno; pero además, junto al segundo puente, parece que los desplazamientos, públicos y privados, venidos desde fuera de la ciudad se concentran más en el Este del casco histórico (avenida astilleros, cuesta de las calesas, estación de tren, plaza de las tortugas, etc…). Va a ser importante por tanto para bajar la presión del centro reforzar un transporte público más veloz y eficiente que el transporte privado. Un transporte público que sólo debe ser sustituido parcialmente por los desplazamientos a pie y en bicicleta si no queremos restar derechos a quienes viven fuera del casco histórico. Un transporte público eficiente se mide en tiempos comparados con el transporte privado, y contando el cómputo general del tiempo, no sólo el de un tramo. Justamente el transporte público interurbano es el más complejo de mejorar (por la proliferación de construcciones de baja densidad en las ciudades próximas que lo hacen más ineficaz y que prolonga el tiempo del trayecto frente al transporte privado); pero éste además no se mueve en la zona del campo del sur. Por tanto, y más que hablar de las bandas, parece que política de vivienda e intentar disminuir la presión del transporte privado en el Este del centro serían los primeros lugares donde poner la imaginación y la rigurosidad a trabajar. Eso ayudará también a frenar la presión sobre el territorio más fragmentando por el vehículo privado, que es el que se encuentra entre las dos avenidas de la ciudad (el tramo actual con las bandas tiene muy poca densidad de tráfico en relación al resto)

En zonas como “la avenida” existen posibles fórmulas para acelerar el trayecto de un autobús urbano. Ya hay una propuesta encima de la mesa para el bus en el paseo marítimo. En el campo del Sur existen igualmente posibilidades para acelerar al transporte público y desacelerar el transporte privado sin que ello suponga que los pasajeros vayan dando botes en el autobús por el mal estado de la calzada. Ninguna posibilidad técnica del repertorio posible debería incluir una calzada en mal estado. No arreglar la calzada para no abordar problemas técnicos o de fondo de la movilidad es perjudicar también a los sectores más vulnerables, cuya movilidad no es perfectamente (totalmente) sustituible por desplazamientos a pie o en bicicleta, excluyendo de nuevo o perjudicando el derecho a la ciudad a estos sectores. La clave está, por tanto, en hacer todo esto con una renovación ecológica de la flota (incluso en algunos sitios se está estudiando utilizar gas procedente de depuración de aguas para los autobuses, completando un círculo económico).  Recuperemos pues espacios públicos mediante la peatonalización en el interior del casco histórico (y medidas como las venían pensándose en el debate sobre las terrazas). Profundizar en ello junto al fomento del transporte público y el uso de la bicicleta deben responder al conjunto de retos de la ciudad. Experimentar sobre estas fórmulas es necesariamente compatible con el mantenimiento de las calzadas por el que transcurre el transporte público y cortocircuita críticas a un modelo integral que debe avanzar pedagógicamente a partir de la experiencia de los ciudadanos sobre los usos del espacio, frente a al viejo modelo monopolizado por el coche, que sigue siendo culturalmente hegemónico. La experiencia, como en otros casos, y en otras ciudades, será el principal valedor de esa estrategia integral que debe responder a los retos que comentaba al principio, los retos de una ciudad que pone los derechos en el centro y la lucha contra el cambio climático. Las dos lealtades militantes que nos conmueven y nos impulsan

Ilustración: The Pilot Dog

A nadie se le escapa a esta altura que el impacto que la crisis, y sobretodo de las políticas de PSOE y PP durante la misma, ha sido más duro en Cádiz que en el resto del país.

La situación de partida hacía de nuestra ciudad un lugar más vulnerable a las políticas de recortes, a las reformas laborales o a las privatizaciones. Frente a la situación de desempleo masivo, y en un contexto de crisis aún no acabada del sector naval, en Cádiz han existido algunos contrapesos que han hecho que la degradación de las condiciones de vida en nuestra ciudad no haya alcanzado cotas más graves. Uno de estos contrapesos ha sido la solidaridad familiar, el reagrupamiento (a costa de un nuevo tipo de hacinamiento) y la ayuda intergeneracional. Y entre estos tipos de ayuda familiar, un colchón que ha resultado imprescindible, hemos visto a abuelos y abuelas soportar con sus pensiones el peso de la crisis: los desayunos de nietos o las ayudas para el alquiler.

Al mismo tiempo que los abuelos hacen de puntal familiar, la juventud sigue saliendo en busca de una estabilidad laboral difícilmente encontrada en algún lugar del planeta y la natalidad sigue estancada. Envejecemos como ciudad a pesar del esfuerzo del nuevo gobierno de José María González “kichi” de hacer más seductora y habitable esta ciudad. El debate de las pensiones es un debate de solidaridad, de justicia y de digna vida en cualquier rincón de este país, pero en Cádiz es un debate de superviviencia.

Al inicio de la crisis el antiguo gobierno de Zapatero se reunía con las 37 empresas más influyentes del país y emprendía, tras la misma, una serie de reformas que suponían una vuelta de tuerca más en el modelo neoliberal y antisocial. En el paquete de medidas se encontraba la reforma del sistema de pensiones con la excusa de reducción de la “hucha” y el envejecimiento de la población.  En ese momento y a pesar de una Huelga General con una cierta fuerza, y que tuvo particular éxito en Cádiz, la reforma consolidó un ataque que suponía alargar la edad de jubilación y modificar los años de cotización para el cálculo de la pensión. En la práctica ha sido un duro golpe para el empleo (alargar la edad de jubilación dificulta el empleo de la juventud) y un recorte a las pensiones. Valdría la pena recordar que desde 1996 había campañas sistemáticas, en esos tan poco fiables medios de comunicación apoyados por “objetivos” informes de entidades financieras, que anunciaban la bancarrota de la hucha de las pensiones públicas. Cada año, al contrario, desde 1996 la hucha de las pensiones aumentaba convirtiéndose en una de las instituciones más sólidas, pero eso sí, esas campañas conseguían aumentar los fondos de las pensiones privadas (pasaron a triplicar sus cifras desde 1996 a 2005 en nuestro país), ya que un sector de ahorradores asustados por la incertidumbre generada depositaba parte de sus ahorros en fondos privados.

Aunque ahora el contexto sea otro, valdría la pena recordar que justo cuando Rodríguez Zapatero anunció aquella reforma los que estaban en verdadera bancarrota eran los fondos de pensiones privados, cuya rentabilidad había caído de manera alarmante con la crisis financiera (los fondos de pensiones privados invierten en la economía de casino para así pagar a sus inversores y obtener ganancias). Por poner un ejemplo en nuestro país había perdido un 9% de su valor en 2008 y en Reino Unido un 38%. Se trataba de recortar pensiones públicas para hacer más atractivos los fondos de pensiones privados y recuperar dichos fondos para poder pagar las pensiones privadas.

Pero además, el gobierno de Rodríguez Zapatero incidía en eso del envejecimiento de la población para justificar el recorte. Valdría la pena desmontar este argumento antes de entrar en este nuevo escenario para las pensiones. Para sostener las pensiones públicas de la generación próxima a jubilarse en los próximos 15-20 años, la del baby-boom, bastaría con aumentar el gasto público en pensiones, sólo en los años en que esté jubilada esa generación, hasta el 13% del PIB, algo que no parece desproporcionado si vemos que nuestro país está muy por debajo de la media de la Eurozona en gasto social. Pero es que además si el incremento de la productividad es el mismo que en la media de los 40 últimos años, con la misma población empleada doblaríamos la riqueza producida, habría para pagar pensiones y mejorar salarios. Claro que esa mejor distribución de la riqueza en favor de la mayoría social dependería de nuevos marcos políticos, de movilizaciones y de nuevas relaciones de fuerza, pero técnicamente no es ningún problema garantizar las pensiones. Eso sí, para hacerlo habría que cuestionar una fiscalidad sumamente injusta y, por tanto, con poca capacidad recaudatoria. Tenemos que seguir recordando que las empresas del IBEX 35 están pagando de media un 12.5% de impuestos sobre su beneficio empresarial mientras que el 85% de los ingresos fiscales recaen sobre las rentas del trabajo o mientras que las grandes fortunas depositadas en las SICAV tributan simbólicamente.

Quienes han vaciado a propósito la hucha de pensiones sabían también que es imposible llenar la hucha si no subimos las cotizaciones. Pero ellos prefieren la idea de “salir” de la crisis devaluando salarios o precarizando el empleo. Y ahí tenemos otro gran problema para consolidar nuestras pensiones. Hay que subir salarios, combatir la temporalidad, pero además obligar a cotizar en los contratos temporales por los fines de semana, o cotizar para todo el año aquellos que son despedidos para ahorrarse el mes de vacaciones, entre otras medidas que llenarían de nuevo la hucha. Quienes apuestan por el desempleo masivo y la precariedad laboral son los que están llevando a una crisis al sistema público y además seguro que están pensando en cómo rentabilizar esa situación.

Sería bueno pensar que la viabilidad y mejora de las pensiones públicas no es un debate abstracto y menos para Cádiz. Es un debate del hoy y también es un debate que asegura futuro a nuestra ciudad. Más allá de los esfuerzos que pueda hacer nuestro alcalde y su equipo de gobierno, hay batallas políticas que dejan a Cádiz en una mejor o peor situación de partida. Y ésta en concreto debería ser tomada muy en serio, para revitalizar el comercio, garantizar la vivienda y la vida. Hay solución técnica para mejorar las pensiones en nuestro país, sin ningún temor, pero lo que hay que decidir es que desde qué marco político queremos abordar este debate.