Ilustración: The Pilot Dog
Le llaman gobernanza y no lo es.
De cuando la responsabilidad de Estado está por encima de la voluntad del pueblo.
Cuando los dirigentes no tienen garantías de una respuesta positiva de los electores (del partido o del país), deciden no preguntarles (ni congreso, ni primarias, ni elecciones) y prefieren esperar condiciones más proclives a sus intereses para convocar la fiesta de la democracia. Así, hasta se puede dar el gobierno por abstención técnica al tradicional oponente, entre otras razones, por el bien del bipartidismo. A partir de ese momento -y esta vez, de forma más descarada si cabe- se gobierna sin el apoyo del pueblo. Lo que viene a vislumbrar dos posibles siguientes pasos: la evolución consensuada a sistemas electorales que, garanticen los resultados deseados por las fuerzas pro-sistema o, mejor aún, conformar directamente modelos de gobernanza que excluyan al pueblo ignorante de las decisiones importantes.
De todas es conocido que la ignorancia genera exclusión; y excluir de decidir a quien no sabe, por encima de principios, se nos llega a presentar como un acto de responsabilidad cívica. Nos topamos de pronto, por ejemplo, con una institución fallida, incapaz de transformar en gobierno unos resultados electorales multipartidistas. El problema no está en la capacidad de negociación de los grupos parlamentarios –se nos viene a decir-, el problema es que la gente no sabe resolver con su voto, de manera efectiva.
Como otro invento más del capitalismo, el tropiezo del bipartidismo activa una suerte de obsolescencia programada de la democracia. De los creadores de “mutar para permanecer igual”, llega el tiempo de garantizar el régimen establecido con un ligero cambio de régimen: la expertocracia. Así, la complejidad de una realidad cambiante -y para muchas, asfixiante- será capaz de empujar a la ciudadanía a desear transferir su papel en la construcción de la soberanía; esto es, “que decida quien sepa”.
De nuevo, a los poderes le conviene una autoexclusión de los votantes en forma de abstención acrítica que justifique que las decisiones, mejor que un puñado de electores, las tome un grupo selecto de expertos (del partido o del país). El cambio de régimen ya está en marcha. El modelo funciona y, además, está testado en la Unión Europea: Gobierno de Comisarios que se eligen entre ellos, secretos acuerdos políticos/comerciales que nadie sabe con quién se negocian, leyes supranacionales que nadie ha refrendado…
En lo nacional y lo local, no se pueden permitir más resultados no esperados: Syriza en Grecia, Brexit en Gran Bretaña, referéndum francés sobre el tratado europeo, ayuntamientos gobernados por antisistemas… Resultados que obligan, a los poderes reales para evitar efectos dañinos a su estatus, a buscar vías alternativas para reconducir dichas situaciones no esperadas: amenazas de expulsión de la UE y “vuelta al redil” de los líderes de Syriza en Grecia, futuro acuerdo –postBrexit- de relación especial UE-Gran Bretaña –al modelo TIPP-, refrendar en instancias institucionales lo que en referéndum rechaza la mayoría, o querer cambiar la normativa electoral municipal para que tengan más probabilidades de ganar “los buenos”.
Y antes que la población tome peligrosa conciencia del poco valor de su voto y de su escasa capacidad de incidencia e influencia real en las instituciones… es necesario imponer modelos menos sorpresivos, más manejables y efectivos; y si es con el beneplácito de la ciudadanía, mejor. Esto significa -desde la incertidumbre de electores que cada día más actúan por su cuenta, sin seguir los mandatos de las agrupaciones partidistas que les han sido dadas- pasar a un modelo de decisión con menos interlocutores y más fraccionados por ideologías o intereses particulares. Interlocutores más influenciables y a menor coste, menos inestables, capaces de sentirse en poco tiempo integrados en el nuevo sistema de gobernanza, para ejercer activamente como defensores del estatus establecido del que ya forman parte. Estos son, desde los lobbies empresariales, los sindicatos tradicionales, o las Ongs subvencionadas; cuya representatividad y pertinencia por cierto, es otorgada por las élites gobernantes. Ellos, junto a los altos cargos tecnócratas y staff de apoyo de las instituciones centrales, y las élites socioeconómicas y políticas, se conforman, a modo de gobierno relacional, como nueva base de la autoridad del poder público. Siempre con un discurso impoluto en sus formas y creíble en su fondo; algo así como: El bien general requiere de una evolución democrática hacia la gobernanza con la sociedad civil organizada y capacitada, que nos haga más resolutivos en la respuesta a las necesidades de la población y, más efectivos como garantes de lo comunitario frente a los peligros del individualismo y el egoísmo particular…. Una suerte de ilusión mediadora entre gobernados y gobernantes que, como plantea Manuel Delgado Ruiz*, viene a generar el espejismo de unidad entre sociedad y estado que, a modo de conciliación, de tregua de clases, superan sus conflictos, en pos de intereses y metas compartidos. Legitimación simbólica que en realidad hegemoniza a las clases dominantes con la aprobación –ahora solo de una parte- de los dominados. Un constructo embaucador que dice venir a “superar y mejorar” esa idea “trasnochada e ineficaz” –que tanto costó lograr- de que la voluntad general debe estar conformada por la expresada por toda la ciudadanía, independientemente de su origen y estatus social.
El pueblo deja así de ser necesario. Las élites saben interpretar lo que necesita. La Soberanía 2.0 se ejerce entonces, aleatoriamente, con encuestas telefónicas. Y las decisiones pueden ser justificadas por sondeos y no por plebiscitos. Por ejemplo, para qué consultar a nadie si ya sabemos, por una encuesta publicada por El País (16/10/2016), que la mayoría de los votantes del PSOE cree que al partido le conviene abstenerse. Incluso lo ocurrido en el PSOE, el 01/10/16 (y escenificado el 23/10/16), podría parecernos como un último resquicio de sano debate ideológico y estratégico, entre los defensores de primar los principios democráticos de “una persona un voto”, frente a los patriotas responsables preocupados por garantizar la estabilidad y gobernanza del país.
El conflicto de principios habrá sido tan profundo que para no actuar incongruentemente hay quien habrá tenido hasta que dimitir de su cargo; pero no tan profundo como para tener que prescindir de su sueldo de diputado. El que después de diez meses y dos elecciones, vayan a ser trece personas (que gritaron su votos más fuerte en aquella bronca democrática del PSOE) las que consigan investir presidente del gobierno al candidato del PP -con el beneplácito del Ibex35 y por lo tanto de la prensa- demuestra que el sistema dispone de fórmulas seguras para, llegado el caso, colocar a los suyos al frente de las instituciones; sea como sea, evitando engorrosas y difíciles decisiones a la ciudadanía y ahorrando costosas y largas campañas electorales. Unas elecciones que no desaparecerán, pero que cada vez elegirá a representantes para instituciones con menos competencias reales.
¿Qué papel le queda ahora al pueblo? El de “un grupo de presión más entre otros”, dice Anne-Cécile Robert en un recomendable artículo titulado “La gobernanza contra la democracia: Sobre el arte de ignorar al pueblo”, publicado en Le Monde Diplomatique de octubre de 2016. Me inclino a intuir que al pueblo lo que le queda es sobrevivir. Y esto, siempre ha sido más efectivo hacerlo desde el apoyo mutuo. En estos tiempos de realidades diversas, de contingencias e incertidumbres acaso perversas, sería razonablemente saludable volver a los campos, los pueblos y a las calles, cuanto antes, de manera presencial, organizada y autogestionada, para volver a sobrevivirlas, a reivindicarlas colectivamente –organizando la rebelión social- y a disfrutarlas en la cercanía e intimidad del entorno comunitario, ese que permite la felicidad y la vida.
Le llaman gobernanza y me da igual.
* ”Dominación, Mediación, Consentimiento” http://manueldelgadoruiz.blogspot.com.es/
Miguel Rodríguez para www.eltercerpuente.com
23/10/16
Miguel Rodríguez estudió Ciencias Políticas y Sociología. Trabaja en la Unidad de Acción Social y Solidaria de la Universidad de Cádiz.
”Dominación, Mediación, Consentimiento” http://manueldelgadoruiz.blogspot.com.es/
