Fotografía: José Montero
El teofilato en el poder nunca encajó bien las críticas y se caracterizaba por el autoritarismo y la mano de hierro frente a aquél que pusiera en cuestión cualquier aspecto de su labor de (des)gobierno. Ahora en la oposición, esa susceptibilidad intolerante hacia la discrepancia se ha transformado en lo que en boxeo se denomina mandíbula de cristal, como ha quedado demostrado con el archivo de la querella del Partido Popular por el llamado caso Loreto.
Tras 20 años de pleitesía generalizada, no están acostumbrados a que nadie les diga la realidad de su actuación municipal. Y, ante una crítica de carácter político a su gestión municipal, la respuesta del PP fue la querella inmediata por injurias y calumnias del Alcalde, su asesor y el Concejal de Medio Ambiente. La típica reacción del que carece de argumentos políticos que, judicializando la vida política local, crea ruido y confusión para desviar el foco de lo importante (la actuación municipal en la gestión del agua contaminada recibida por los vecinos del barrio de Loreto) hacia la imputación de los demandados que ahora ha sido desestimada. Todo ello, además, con la debida connivencia y amplificación mediática con el objetivo, no ya de esclarecer los hechos, sino de obtener rédito político.
En actualidad se habla más de los políticos en los juzgados que de su propia actividad al servicio de los ciudadanos (fundamentalmente por casos de corrupción), lo que ha transformado a la justicia en un espacio clave político y electoral que puede hacernos perder cierta perspectiva sobre las cosas que deben dirimirse ante los tribunales y las que deben hacerse dentro de la esfera política. La relevancia social de esta circunstancia, lógicamente conocida por los partidos, se convierte en un arma arrojadiza contra el adversario, utilizándose los tribunales como una herramienta más de la lucha partidista.
Actuar de esta manera no deja en buen lugar al PP. Cualquiera que crea vulnerados sus derechos tiene derecho a defenderse judicialmente, pero utilizar la justicia dentro de la disputa partidista no está a los niveles mínimos necesarios de ética pública que deben exigirse a cualquier representante público. En política no todo debería de valer. Pero no hay que engañarse, se trata de Teófila y el PP. Su teofilato no se ha caracterizado, ni en sus formas ni en su fondo, precisamente por ser el ejemplo de la virtud política ni el respeto a las reglas democráticas básicas. Salvo agradecidos nostálgicos, todos conocen lo que han sido las dos décadas de Teófila al frente del ayuntamiento de Cádiz. No hace falta recordar que su gobierno se caracterizó por la soberbia política, el aumento de la deuda municipal y la pobreza, la falta de sensibilidad social, la diáspora de jóvenes gaditanos en busca de un futuro mejor, el croqueteo institucional, la grandilocuencia de proyectos faraónicos sin realizar, el autobombo mediático de (pre)pago, el clientelismo cortesano, el abandono de los barrios y sus vecinos, el despotismo como forma de hacer política y el desprecio absoluto a los gaditanos, a sus problemas y a sus representantes sociales y políticos. Y ahora, sin ostentar el bastón de mando municipal, tiene como estrategia judicializar la vida política gaditana. En este caso, el PP salió perdedor. Y el enorme reverso que supone el sobreseimiento de la causa supone un excelente ejemplo de lo que puede ser la superación de una época anterior que ya finalizó, el archivo del teofilato.
Lo político debe resolverse en el ámbito político y lo judicial en los juzgados. Mezclar esas esferas en el terreno político partidista, la judicialización de la política, es utilizar la justicia como excusa para dirimir unos resultados electorales que el PP de Cádiz aún no ha asumido. Son excusas de mal pagador. Intentar poner palos en las ruedas del Gobierno Municipal que escondan el oscurantismo de su periodo de gobierno, que ha sido lo que les ha llevado a la oposición. Simplemente no terminan de aceptar su situación en la representación municipal, deben digerirlo. El PP ya no gobierna en Cádiz, y, trascurrido un año de las elecciones, deben ir haciéndose a la idea de que el lugar que actualmente les corresponde es el de la oposición, desde dónde podrán ver que se pueden hacer las cosas de otra manera, una forma de hacer política en la que la crítica a la gestión municipal no sólo debe estar permitida, sino que además debe ser necesaria y sin tener que llevar a nadie al juzgado.
