Ilustración: María Gómez
Conmigo que no cuenten esos que ahora enarbolan la bandera del Todos somos… Lo siento pero no. Yo no soy ese. No me gustan los matones, ni los que llevan traje y corbata ni los de camiseta de tirantes. No me gustan las amenazas violentas y el Pleno del Ayuntamiento de mi ciudad no es lugar para proferirlas. No deseo que nadie lleve escolta ni justificaría que nadie la llevase y mucho menos alguien por ejercer su papel de representante político de los habitantes de Cádiz que ya tendrán los habitantes de Cádiz tiempo de poner a cada uno en su sitio. Una cosa es un calentón y otra desear que un padre de tres hijas tenga que mirar debajo de su coche antes de montarse. Hay cosas que nunca deben decirse. Ni pensarse.
Ya puestos, tampoco quiero que cuenten conmigo aquellos que han convertido todo esto en una cacería mediática contra un chaval que ha cometido un grave error pero que ha pedido perdón. Ellos tan beatos de Nazareno y Piedad, no saben lo que es eso de perdonar y ejercen la acusación popular que ni les va ni les viene pero les sirve para utilizar los sueldos bien pagados antaño para ajusticiar al alcalde en el mundo entero.
Por supuesto, que no cuenten conmigo los que quieren hacernos creer que Cádiz es Venezuela, que hay un clima de violencia o crispación. Está bien defenderse de los insultos, las descalificaciones y las amenazas pero el exceso, el ensañamiento legal, judicial o político deja en mal lugar al que se ensaña. Sobre todo si el ensañamiento es instrumental y lo único que se pretende es golpear al alcalde en el culo de un tipo que se pasó un día de la raya.
Y, evidentemente, conmigo que no cuenten los que pretenden aplicar leyes diseñadas para supuestos excepcionales como el de Euskadi de los 90 a la realidad de alguien que nunca debió hacer lo que hizo, pero que no tiene ni la capacidad ni la voluntad de convertir aquella bravata de barra de bar –proferida en tan formal lugar como el Salón de Plenos de un Ayuntamiento- en realidad. Que una frase se quiera calificar jurídicamente de atentado a la autoridad y de ahí derivar una pena de hasta 6 años de prisión parece una absoluta incoherencia legal. A algunos les gusta aplicar la dureza del Código penal con los demás. Y aunque parece poco probable una resolución de este tipo, conviene no olvidar el calvario judicial que han pasado otros, como la gente de Valcárcel Recuperado, a los que finalmente, la Audiencia Provincial ha absuelto pero nadie les quitará los meses de angustia, los años de banquillo.
