Las movilizaciones mundiales del 20 y 27 de septiembre representan un aldabonazo para las conciencias de los sectores afectados por la Emergencia Climática en la que ya nos encontramos, que somos todos. El diccionario nos define emergencia como un “asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible”.
Solo una parte de esta definición la podemos aplicar a la Emergencia Climática que nos golpea, porque los informes del IPCC, Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, llevan años advirtiendo de la gravedad del Cambio Climático y de la necesidad de adoptar acciones urgentes y radicales tanto de reducción de emisiones (lo que ha venido en llamarse “mitigación”), como en adaptación a sus consecuencias.
El nivel de certeza a la hora de atribuir el cambio del clima a la influencia humana ha ido aumentando en los sucesivos informes de evaluación:
- El Primer Informe de 1990 recogía una “posible influencia humana en el calentamiento global”.
- En 1995 el 2º Informe ya aseguraba que “hay una influencia humana en el calentamiento global”.
- El Tercer Informe de 2001 enfatizaba que “existen fuertes evidencias sobre la influencia humana en el calentamiento global”: probabilidad superior al 66%.
- El 4º Informe de 2007 reconoce sin ambages que “hay un grupo de evidencias cada vez mayor sobre la influencia humana en el calentamiento global: probabilidad superior al 90%.
- El 5º Informe de 2013 ya establece que la influencia humana en el clima ya posee una probabilidad superior al 95%.
- El 6º Informe de 2018 reconoce que los actuales compromisos de mitigación bajo el Acuerdo de París no son suficientes para limitar el calentamiento global a 1,5⁰C.
Las consecuencias del Cambio Climático son de sobra conocidas:
- Cambio del clima y microclimas: régimen de lluvias, sequías, inundaciones…
- Aumento del nivel del mar
- Posibilidad interrupción de la corriente termohalina y de la corriente del Golfo
- Huracanes y tifones: mayor frecuencia e intensidad.
- Pérdidas económicas colosales: entre el 5 y el 20% del PIB mundial.
En el caso de la costa de Cádiz, las repercusiones serán principalmente la progresión de la erosión costera y la aridez creciente del clima regional.
Las ciudades y pueblos costeros de Cádiz van a necesitar:
- Un análisis riguroso de la vulnerabilidad de las zonas e
infraestructuras costeras. - Rediseño de infraestructuras costeras para reducir los
impactos del Cambio Climático. Poner fin a la “regeneración” (realimentación artificial en realidad) de las playas. - Evitar nuevas construcciones y desarrollo urbano en
zonas bajas de la costa y fomento de la modificación de usos de zonas costeras. - Desarrollar modelos y escenarios de inundación que permitan gestionar de forma correcta las zonas costeras.
- Planes de prevención de inundaciones o planificación de la retirada de zonas habitadas expuestas a la subida del nivel de mar.
- Evitar o minimizar cualquier tipo de actuación conducente a la desestabilización de la línea de la costa para evitar agravar los efectos del Cambio Climático. Favorecer actuaciones conducentes a la estabilización de playas, y dunas; rehabilitación del transporte de sedimentos en zonas de erosión.
De “Manual de lucha contra el Cambio Climático”, J. Camargo y S. Martin-Sosa
Frente a todos estos desafíos, la respuesta institucional es tardía, insuficiente y lenta. Ecologistas en Acción estamos llevando a cabo un proyecto, “Adaptación de los municipios de Cádiz al Cambio Climático: Medidas de educación y sensibilización”, financiado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para los responsables políticos y técnicos de los ayuntamientos gaditanos, que pretende servir de información y sensibilización municipal sobre el Cambio Climático.
El balance de las visitas y reuniones que estamos teniendo estos meses es decepcionante: muchos municipios (alcaldes y concejales de medio ambiente) desconocían que eran firmantes del Pacto de los Alcaldes, que les comprometían desde hace una década a reducciones de emisiones de CO2 del orden del 20 % desde 2008, y se habían limitado a aplicar medidas puntuales en transporte, iluminación y energía, sin proceso participativo e implicación social alguno.
En Andalucía está en vigor desde enero de 2019 la “Ley de medidas frente al Cambio Climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético”. Dicha ley obliga a todos los municipios andaluces a aprobar planes municipales contra el Cambio Climático antes de febrero de 2021. Nuestro esfuerzo es que esa elaboración y aplicación se haga de forma rigurosa y participativa, sin repetir los errores de los PAES (Planes de Acción por la Energía Sostenible) del Pacto de los Alcaldes. De momento, las declaraciones de Emergencia Climática de algunos municipios señalan el buen camino.
Básicamente dichos planes deberán incorporar 4 tipos de medidas:
1) La mitigación del Cambio Climático (reducción de las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono y de los demás gases de efecto invernadero GEI).
2) La adaptación a los efectos más adversos del Cambio Climático (reducción de la vulnerabilidad de las personas y de los ecosistemas ante el Cambio Climático).
3) El acceso universal a una energía segura, limpia y a precios asequibles.
4) La información, sensibilización y el impulso de la participación de la ciudadanía.
Veremos.