Golpes de pecho en misa de doce, pero luego a perseguir a aquellos que cumplen con las bienaventuranzas. En 2014, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, muy vinculado con la Santa Madre Iglesia a través de una prelatura especial, justificaba la muerte a mansalva de quince inmigrantes en las playas de El Tarajal y ante un despliegue de antidisturbios, en un caso que escandalizó al mundo y al que le dieron carpetazo. Ya por aquella misma fecha, su policía se dedicaba a investigar de cerca las actividades de Helena Maleno, una cooperante de la ONG Caminando Fronteras que lleva media vida cometiendo el peligroso crimen de alertar a Salvamento Marítimo de pateras en peligro de hundimiento. Una especie de faro humano con smartfone y twitter, para entendernos. Un trabajo que tendrían que hacer los estados si de veras les importara que mueran espaldas mojadas a mansalva frente a las costas españolas.
La investigación iniciada en tiempos del pintoresco ministro que mandaba investigar específicamente a políticos catalanes, prosiguió cuando asumió la titularidad de Interior, Juan Ignacio Zoido. A pesar de su condición de magistrado, sorprende que bajo su mandato se intente de nuevo penalizar la solidaridad, movilizando incluso a la judicatura y a la policía de otro país, Marruecos, que tampoco figura entre los campeones de las libertades públicas y de los derechos humanos.
La casualidad no existe y la crueldad, como la mentira, tiene las patas cortas. El pasado martes 5, cuando se conmemoraba el Día del Voluntariado, Helena Maleno tendría que haber comparecido ante un juzgado de Tánger para responder de cargos que le relacionaban con delitos contra el derecho de los trabajadores: esto es, tráfico de seres humanos. Sorprende la hipocresía de un sistema que intenta enjuiciar a quienes asumen el compromiso con los nadie y no mueve, en cambio, un dedo oficial para evitar que los inmigrantes y los refugiados choquen contra vallas blindadas con concertinas o mares de vientos traidores a mitad de la travesía en un toy.
La indignación ante la difusión de dicha orden, tuvo que mover cielo y tierra porque el Tribunal de Apelación de Tánger aplazó la declaración de la activista hasta el 27 de diciembre, al objeto de contar con mayor información en torno a un expediente policial que la relaciona directamente con «redes de tráfico» de migrantes. De no haber dado marcha atrás a su citación, probablemente estaría detenida hoy en un caso que recuerda sobremanera a la falsa imputación de tenencia de drogas que llevó a los calabozos a Juan Clavero, líder de Ecologistas en Acción en Cádiz. No quisiera pensar que estamos viviendo una persecución inquisitorial de la sociedad civil, intentando desacreditar a quienes se limitan a denunciar o a interceder en suburbios sociales donde el estado de derecho pierde semejante nombre. ¿En qué epígrafe de la Ley Mordaza habrán escrito entre líneas que el que se mueva, sea en lo que sea, no sale del calabozo?
Si en el caso de Juan Clavero, la justicia archivó su imputación y aún estamos a la espera de que se descubra a sueldo de quien actuó el sicario que pretendió comprometerle, en la peripecia que ahora pone entre la espada y la pared a Helena Maleno, todas las pruebas en su contra son precisamente las que le hicieron merecedora en 2015 del Premio de Derechos Humanos «Nacho de la Mata» del Consejo General de la Abogacía Española. Desde que inició su aventura hace más de quince años, Elena Maleno y sus compañeros de ONG –entre ellos, su hijo Ernesto– no sólo constituyen el clavo ardiendo al que cualquier teléfono móvil llama de madrugada para pedir socorro o para gritarle “Boza” de alegría si han llegado a salvo. Ellos tienden también unas de las pocas manos, junto con las de las monjas de Ceuta u otros cooperantes de Melilla, que se acercan a prestar ayuda en los campamentos improvisados por los africanos que vienen huyendo de guerras, barbaries, hambrunas y otros jinetes del apocalipsis, pero a quienes no se les permite acceder a las oficinas fronterizas donde quizá pudieran acreditarse para solicitar el asilo como refugiados.
A esos inmigrantes negros que intentan saltar una y otra vez las cancelas de la burocracia europea, cuyas chozas de plástico o cartón son desmanteladas por la policía marroquí en redadas que les conducen a las puertas de Argelia o del desierto, ella suele conocerles por su nombre. Sin embargo, ninguno de ellos conoce su cuenta corriente, porque no se lucra con su drama, ni se beneficia económicamente de su esperanza.
En este caso, también llueve sobre mojado. En España, al igual que en diversos países europeos, se ha intentado penalizar la solidaridad en sucesivos intentos, a través de las reformas de la Ley de Extranjería o del Código Penal. En la provincia de Cádiz, aún cabe recordar la vigilancia sufrida en su día por los sacerdotes Andrés Avelino, Paco Rubiales o Gabriel Delgado, entre otros, por prestar refugio a inmigrantes fugitivos, a finales del pasado siglo. O también, el conocido caso de Paqui Gil, una tarifeña a la que el Estado exigía, en 1997, 250.000 pesetas de sanción por ayudar a una inmigrante.
«Un día íbamos Diego y yo con los niños para el campo. Cogimos por la carretera de Tarifa a Facinas. A la altura del cruce de Bolonia vimos a un hombre que estaba andando. Iba solo. Pasamos y no le recogimos, pero empezamos a darle vueltas a la cabeza, a decir que pobrecillo con la calor que hace, hasta que lo decidimos: «vamos a complicarnos el día».
Ese era su relato. Y, tantos años después, sigue dando escalofríos lo que sigue. Al inmigrante, que no entendía nada, le preguntaron por señas si tenía hambre y le subieron al auto: «Iba vestido como de invierno y era agosto. Le llevamos a Facinas, le compramos comida y le llevamos a nuestra casita del campo. Le dijimos que descansara, que no tuviera prisa, llamamos a Algeciras Acoge pero nos informaron que no nos podían ayudar porque la costa estaba muy difícil. Un amigo nuestro vino y empezamos a buscar la forma de ayudarle. Una amiga que sabe árabe nos dijo lo que pretendía. Que quería ir a Italia. Le entró miedo, le dejamos quedarse alli aunque nosotros volvimos a nuestros trabajos. Le llevamos comida durante las semanas que estuvo escondido allí. Al final, hasta un mes. Un día le llevamos a Tarifa y desde nuestra casa llamó a su padre a Marruecos y quedó en mandarle alguien a recogerle. Entonces fui a despedirme, se montó en el coche conmigo y justo nos detuvo la Guardia Civil. Nos llevaron al cuartel y me tuvieron esposada en el cuerpo de guardia toda la noche. Fue una experiencia horrible, aparte del miedo que tenía, lo nerviosa que estaba. A mi marido, lo metieron en el calabozo con otros marroquíes, pero tenían su intimidad. Sin embargo yo estaba en el cuerpo de guardia y había agentes fuera de servicio que pasaban y no te miraban como una persona, sino que preguntaban esa qué hace aquí. Si no soy una delincuente, ¿qué hago esposada?, les preguntaba, dejadme ir a mi casa que están mis niños solos, «pues no habedlos dejado solos», me decían. Mis niños estuvieron todo el día siguiente solos pero un juez me dejó ir a dormir a casa la segunda noche, aunque a las ocho tuve que estar de vuelta en el cuartel».
Volvería a hacerlo, a pesar de todo: «Cuando alguien haga autostop o esté andando por la carretera, no le voy a preguntar si tiene papeles o no. Si tiene hambre o qué le hace falta. Hace unos días, recogimos a un peatón que venía de La Línea, le llevamos al Puerto y le dimos de comer. Me da igual que sea rubio, negro o moreno. Me dan igual de donde sea porque yo no tengo que pedirle papeles. Que los pida la policía, que tampoco creo que está para eso, sino para detener a gente mala, a delincuentes».
En aquella época, decenas de personas fueron detenidas como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, al transportar inmigrantes a bordo de sus vehículos. Algunos de ellos, pretendían lucrarse y constituyen una mafia. Otros, simplemente, trataban de ayudar al prójimo y se encontraron con una legislación que, entonces y ahora, castiga las bienaventuranzas.
En 2001, Juan Antonio López, un taxista barbateño que entonces contaba con 28 años de edad, tuvo que apechar con dos semanas de chabolo, en la prisión Puerto II: “Ha sido una injusticia total. Lo he pasado muy mal en la cárcel porque no me explicaba por qué estaba allí. No he cometido ningún delito porque sólo he recogido a unas personas que solicitaron mis servicios”. No daba crédito. El día que salió de la trena, doscientos taxistas se manifestaron en Chiclana en señal de protesta. Ahora, probablemente, nos toque salir a la calle para que Helena Maleno pueda seguir al aire libre.
