No hay tarea, por fácil que sea, que no la haga difícil la mala gana. Esta sentencia (desconozco su autoría) cuadra perfectamente con la actitud que ha prevalecido y prevalece en la esfera de los poderes político y económico respecto a una eventual reforma de la Constitución del 78. Porque la mayoría de las voces que en estos días reclaman —con mayor o menor convencimiento—, o aceptan —con más o menos resignación—, la necesidad de la reforma constitucional, parece que tienen en mente aquella práctica lampedusiana de reformar para que nada realmente cambie.
También están quienes no quieren ni oír hablar de tocar el actual texto constitucional vigente, por entender que tal como está cumple perfectamente con las necesidades actuales, si bien suelen omitir la explicación de cuáles y de quiénes son esas necesidades a que aluden. Y es que a ciertos intereses interesados les ha ido y les va bien con la actual Constitución, cosa que no ocurre con quienes más necesitarían una protección constitucional efectiva, como pueden ser las cada vez más numerosas personas dejadas a su suerte —o a su mala suerte— que acaban devoradas por una realidad inconcebible en un verdadero Estado de Derechos.
De todo hay, pero el denominador común de esta aparente variedad de opiniones es la escasa voluntad, la mala gana, de ir a las raíces de la cuestión constitucional. Finalmente, lo que debería ser una reflexión compartida, colectiva, con anclaje social, acaba siendo una acumulación inmanejable de dimes y diretes sobrados de personalismos y partidismo que terminan por impedir esa reflexión en profundidad —radical— sobre el verdadero significado del constitucionalismo y de las Constituciones realmente vigentes, que no son aspectos coincidentes en modo alguno. Porque una cosa es el constitucionalismo como ideal valioso, que lo es, y otra cosa muy distinta puede ser la manera concreta en la que cristaliza ese ideal en las Constituciones realmente existentes.
Por tanto, constitucionalismo sí, en cuanto que ideología que aspira a la salvaguarda de la democracia, pero no Constituciones defectivas llenas de agujeros, trucos, insuficiencias e indefiniciones que las hacen, no ya inservibles a efectos de garantizar la igualdad efectiva y la auténtica soberanía popular, sino que legitiman y coadyuvan a eternizar situaciones injustas y, precisamente, contrarias al sentido fuerte del ideal constitucionalista. No deja de ser significativo que se quiera acometer ahora una reforma constitucional aduciendo la necesidad urgente y grave de resolver el asunto del independentismo, que es grave y urgente, desde luego, pero que tan grave y urgente debería ser afrontar la creciente desigualdad social que amenaza con arrastrarnos a precipicios indeseables, donde incluso el independentismo sería un problema menor.
Creo que no se habla ni escribe estos días (y creo que nunca se habla, aunque el constitucionalista José Asensi Sabater sí lo escribió hace ya dos décadas) de un problema pendiente, y en estos momentos urgente, que las Constituciones actuales tendrían que afrontar de manera radical: el problema irresuelto (debido a la mala gana) de las relaciones entre la democracia y los mercados. La existencia empírica, incuestionable, de la creciente e hiriente desigualdad (social, laboral, económica…) que todo hace indicar que ha venido para quedarse, así como la actual hegemonía tiránica de los mercados, son hechos que ponen en entredicho un papel constitucional que se debería considerar prioritario y rotundo: la evitación de las graves e intolerables injusticias que se están cometiendo relacionadas con la desigualdad.
Si de verdad las Constituciones garantizaran aquel principio del constitucionalismo revolucionario que decía haber desplazado el poder desde los propietarios del capital (las élites) a los propietarios del voto (la ciudadanía), las alarmas por la vulneración de aquél principio estarían hoy sonando estruendosamente todo el rato. Y es que tampoco se habla apenas del papel legitimador de este estado de cosas que las Constituciones liberales hoy vigentes ejercen. Es un grave déficit constitucional al que apenas se echa cuenta. El pensamiento contable dominante (convertido en auténtica pulsión), menosprecia este déficit, no le concede la importancia que correspondería en un entorno realmente democrático, de ahí que las horrorosas condiciones que está generando la desigualdad en todo el planeta no constituya motivo de escándalo constitucional.
Por todo ello, conviene rebajar en lo posible la confusión sobre este asunto. Dejémonos de favorecer debates interesadamente defectivos, políticamente desactivados, intencionadamente blandos, y aceptemos con valentía intelectual y decencia política un hecho evidente e incontrovertible: el mayor obstáculo para dotarnos de una Constitución que realmente garantizara la imposibilidad de una desigualdad tan hiriente e inconstitucional como la que padecemos en estos días de aciago triunfo del neoliberalismo, no es, como se dice, la dificultad para alcanzar acuerdos políticos de hondo calado, sino la mala gana de quienes integran los poderes político y económico —el Poder— para ni tan siquiera contemplar la posibilidad de una Constitución de tal calibre.
De ahí que el Partido Popular, máximo exponente de esa mala gana, evite incluso nombrar estos días el término reforma, utilizando en su lugar el desactivador eufemismo de ajustes. Ajustes ya sufrió la Constitución, como sabemos; ajustes padeció el mundo laboral; de continuos ajustes suele beneficiarse la fiscalidad de los más ricos… Y así, de ajuste en ajuste va tomando forma la sociedad desajustada de nuestro presente. El resultado es la progresiva anticipación y consolidación de ese futuro escenario planetario de terror, explotación y dominio que anunciaba Zygmunt Bauman en sus últimas reflexiones sobre la deriva del mundo actual.
Y es que esa mala gana que hace difícil cualquier cambio constitucional significativo deriva de una especie de cultura de la satisfacción respecto al statu quo que resulta blindado —y legitimado— por el actual modelo de constitución liberal vigente en el Occidente desarrollado. Modelo que especialmente en las últimas décadas de esplendor neoliberal se ha decantado por permitir el desarrollo la precariedad, la potenciación del miedo, la normalización del trabajo indecente y la extensión de la desprotección a capas cada vez más amplias de la sociedad.
Conviene, por tanto, que cualquier análisis, o debate, sobre la reforma o no reforma de la Constitución —de la nuestra del 78 en este caso— contemple, con naturalidad y sin llamadas al catastrofismo, la posibilidad de redactar un texto constitucional nuevo, con una mayor carga garantista efectiva de los derechos de aquellos sectores menos pudientes de la sociedad. Porque, en línea con la estrategia del miedo y del catastrofismo, se nos ha querido —y en gran medida conseguido— convencer de que abrir un periodo constituyente es una anomalía indeseable y peligrosa en el normal y deseable desarrollo de una democracia, cuando en realidad el peligro puede venir de querer a toda costa mantener en vigor un texto constitucional obsoleto y que por mucho ajuste que se le aplique difícilmente podrá responder a las necesidades democráticas —verdaderamente democráticas— de una sociedad que se enfrenta a una realidad política compleja, y lo que es peor, complicada, como consecuencia de actitudes irresponsables y asociales de ciertos sectores privilegiados de nuestro país y del mundo.
Se podrá tachar de ingenuidad y de escaso sentido práctico todo lo expuesto hasta aquí. Pero algo peor que ingenuidad y escasez de sentido práctico es empeñarse, o conformarse, con la actual deriva de las cosas, que evidentemente caminan en dirección equivocada sin que tiemblen los cimientos del actual modelo de unas Constituciones pretendidamente virtuosas, suficientes y eternas. Hay trabajo digno para quienes de verdad quieran hacer realidad un constitucionalismo también de verdad, no mediatizado por Constituciones muy permisivas —indiferentes— con actuales estados de excepción y emergencia que se nos quieren vender como inevitables. Puesto que a los déficits que se producen en la esfera de la economía ya se les presta atención prioritaria, tendremos que ir reclamando atención —siquiera sea similar— a los déficits constitucionales. A pesar de la mala gana del Poder establecido.
