Fotografía: Jesús Machuca
Hoy hace cuatro meses que saltó a la prensa la imputación del ex-obispo de Cádiz por un delito de tráfico de influencias.
Veamos, el 6 de octubre de 2008, el entonces obispo Ceballos enviaba una carta a la Junta de Andalucía solicitando 300.000 euros para hacer frente a un ERE en el Hospital de S. Juan de Dios. Era sólo una carta, sin acogerse al marco de la convocatoria. Con ello se incumplían los preceptos legales de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Sin embargo, la ayuda fue concedida, lo que da idea de cómo se repartía el dinero público…
No constan ni la obligatoria relación de beneficiarios de la ayuda, ni la justificación de la excepcionalidad de la concesión. Y lo más sorprendente: la ayuda concedida pasó a formar parte del gasto corriente del Obispado. Esto es, el dinero no fue empleado en los fines para los que fue concedido, o sea ayudar a los trabajadores, sino en pagar todo tipo de facturas.
Así que la UCO de la Guardia Civil solicitó la imputación del ex-obispo en el caso genérico de los ERE’s. Hasta aquí los hechos.
Desde ese momento “el poder sigiloso” puso en marcha su maquinaria. En primer lugar, abordó el asunto de modo que pareciera un ataque al ex-obispo, un octogenario bonachón y ya retirado, desviando la atención de la institución, el propio Obispado, que era quien quedaba señalada.
Simultáneamente, sus fieles peones de brega -feroces cuando el imputado no es alguien afín- sacaban a pasear el capote. Pudimos leer capotazos artísticos, capotazos lacrimosos (“A don Antonio no, por favor”) y capotazos de reverbero (medida injusta, bochornosa, abuso…). Como digo, capotazos que se echan en falta -caridad cristiana obliga- cuando el imputado no es alguien afín.
Asistimos también a manos puestas sobre el fuego, a dudar que “eso” fuera tráfico de influencias, a que eso ha pasado “por pedir para los gaditanos”, y lo más inquietante: que era “moralmente justo”. Es decir, que como es moralmente justo puede hacerse, y da igual que sea delito. Llegados a este punto, surge la duda de si a los cristianos les basta cumplir con los Mandamientos, o tienen también la obligación de cumplir las leyes.
Se recreaba la idea de que nada era verdad, una sensación de conspiración irreal, sugiriendo lo de Groucho Marx en ‘Sopa de ganso’: “¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?”.
Queda aún por referir el aspecto chusquero de todo este asunto: el papel de la Guardia Civil. Dudaban los fieles peones de que esos guardias civiles fueran de los que celebran el Día de la Patrona, o sea los buenos; o bien de la cuerda “que ya sabemos”. Tal cual. Otros argumentaban que determinada Guardia Civil, en complot con ciertos jueces e instancias políticas, actúa como un Estado paralelo. En la misma línea que Jiménez Losantos, ese humanista, que ha jugado con los términos Guardia Civil/Guardia Roja. Graciosísimo. Los civiles a sus cosas, vienen a decir, que sigan persiguiendo a los gitanos y a los robagallinas, y que nos dejen tranquilos en nuestros asuntillos…
El “poder sigiloso” tiene estas cosas.
En fin, sólo es preciso que la Justicia trabaje con independencia, mientras asistimos a casos como éste que, ay, apenas son una mota de polvo en el pedregoso y largo camino que conduce al laicismo.
