Ilustración: pedripol
Ya sé que a este lado del Tercer Puente estamos todos un poco hartos del proces, pero permítanme que hoy mi carril reversible llegue desde Cortadura hasta la Barceloneta. Porque lo que estamos viviendo en Catalunya es muy grave. Dicen algunos que estamos ante un golpe de Estado. Yo creo que es aún peor.
Porque en realidad, son dos. De uno no paran de hablarnos en los medios. El referéndum del 1 de octubre, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional español, plantea para los patriotas de siempre un grave riesgo de secesión. No se puede dejar votar a los catalanes porque sería trocear la soberanía nacional que reside en el conjunto de los españoles y no en ese porcentaje que habita en el extremo nororiental de la Península, lo que sería en el mapa, arriba a la derecha.
Nada nos dijeron estos defensores de la Constitución de entregar la soberanía nacional al pago de la deuda, modificando por vía urgente el artículo 135 de la Constitución. Nada nos dicen de qué van a hacer con un porcentaje elevadísimo de la población catalana que quiere la independencia. O con un porcentaje aún mayor que quiere, al menos, tener el derecho a votar su relación con España.
Estos defensores de la Constitución ni siquiera nos dicen nada de cómo están pisoteando la propia Constitución en un ejercicio de malabarismo jurídico sin precedentes: destrozar una parte del texto de la Constitución bajo el pretexto de salvar la otra.
Porque el auténtico golpe de Estado, el peligroso para los que estamos en esta pata del Tercer Puente, es el que se está produciendo con un ataque inaudito a los derechos y libertades de los españoles. En concreto, de los españoles que viven en Catalunya. La excusa de la suspensión del referéndum por parte del Tribunal Constitucional ha sido utilizada para el desembarco del aparato de represión del Estado en Catalunya de forma masiva. E incluso fuera de Catalunya
Los ejemplos son sangrantes. La Guardia Civil se dedica a registrar imprentas y requisar carteles. Setecientos alcaldes han sido llamados a declarar, no por lo que han hecho sino por lo que dicen que van a hacer, con la advertencia de detención en caso de no comparecer: auténticas detenciones preventivas por orden de la Fiscalía. A una diputada catalana se le impidió celebrar un acto en Gijón. Un juez, hijo de almirante franquista pero reconvertido a defensor de la Constitución por la versión española de la doctrina Persil, denegó la posibilidad de realizar un acto de debate sobre el proceso independentista catalán en una instalación pública. Lo hizo en un auto contra el que, según sus santos artículos, no cabía recurso. Después denegó el recurso, por supuesto.
Puede que a usted no le preocupen estas cosas porque cree que siempre está a favor de la legalidad. Pero no es así. Igual un día le cambian la ley, que es algo mutable, y, al mismo tiempo, le impiden opinar. O quizá no haya que irse al futuro. La llegada de pateras es inmigración ilegal. La doctrina referéndum sirve perfectamente para prohibir los actos en apoyo a quienes naufragan en el mar e, incluso, para impedir que podamos exigir otra política migratoria.
En Catalunya arriesgamos algo más que un trozo de territorio, que la unidad del Estado español, estamos arriesgando nuestro sistema de libertades y, lo peor, es que lo estamos perdiendo.
