Ilustración: The Pilot Dog
Segunda entrega para ayudarnos a pensar, ahora, con otros vientos en las políticas locales –en la política en general-, en nuevas propuestas para hacer de nuestras ciudades y pueblos espacios más participativos, más democráticos; espacios para la construcción de ciudadanía.
Desde finales de los años noventa y durante la primera década de este siglo se observaron en Andalucía dos discursos entre los que, con aproximaciones y distancias, se ubicaron nuevas experiencias participativas.
En un extremo, un reformismo moderado, preocupado por la desafección ciudadana hacia la política institucional, buscó mayor legitimación en nuevos modelos de gobernanza y apostó por testar la “opinión ciudadana” en espacios participativos que, además, contribuyeran a sumar complicidad social a las decisiones, a veces controvertidas, de las autoridades.
En otro polo, un sector del municipalismo andaluz, influido por procesos latinoamericanos, propuso “radicalizar la democracia”. Democracia participativa para el empoderamiento ciudadano y la transformación social en unos contextos locales más próximos y permeables a la acción social comunitaria y a la defensa de los derechos políticos y sociales.
Ambos discursos surgieron de manera parcial en diferentes partidos de la izquierda, aunque dependieron de la posición de estos partidos –mayoría o minoría- en el seno de gobiernos locales de coalición. También de trayectorias concretas de determinados dirigentes políticos. Pero hubo una tercera postura que, además, fue la más extendida: no hacer nada. No decir nada. Nada innovador, nada transformador. Nada de nada.
Entre los dos polos citados –ambos minoritarios, el segundo más que el primero- se dispusieron sistemas e instrumentos participativos, territoriales y sectoriales, con asociaciones, vecinales o de otro tipo, y ciudadanas y ciudadanos a título individual. Algunas minorías, en algunos ayuntamientos, impulsaron procesos de presupuestos participativos, en ocasiones presentados como “la alternativa” para construir la democracia participativa local.
Las experiencias registradas, fruto de loables esfuerzos, pusieron de manifiesto, cuando menos, la existencia de sectores -políticos, ciudadanos y de empleados públicos locales- dispuestos a innovar e incluso a desbordar los estrechos marcos del sistema representativo. Así, se abrieron nuevos cauces institucionales (consejos, mesas sectoriales, foros ciudadanos, participación en planes estratégicos, etc.), si bien eminentemente consultivos e irregulares, con débil transversalidad y poca incidencia en los “grandes temas” urbanos. Justo es añadir que, salvo excepciones, generaron críticas en los sectores más exigentes e indiferencia entre la población. La participación ciudadana continuó ocupando, cierto que con más palabras y con más papeles, una posición periférica en el conjunto de corporaciones locales andaluzas.
Por su parte, los presupuestos participativos promovieron, en algunos lugares y momentos, no así en otros, cierta base social y numerosas demandas ciudadanas. Pero fueron excesivamente rígidos y complejos, a veces más atentos a recetarios y consignas de pretensión universal que a las dispares realidades locales donde se intentaron llevar a cabo, y contaron con escaso respaldo político y social. A partir de 2007, fueron desapareciendo; ya fuera por inacción o agotamiento, por su disolución desde los mismos ayuntamientos que los habían impulsado o, sin suscitar resistencias, por los gobiernos conservadores constituidos en 2011.
La década se saldó con algunos logros, sin duda desiguales, y con demasiada propaganda y autocomplacencia. En cierta medida los ensayos habían obedecido a intereses institucionales y a estrategias partidistas o de consultoras, cuando no a pugnas entre partidos e incluso entre facciones en un mismo partido. La gente, una vez más, pintó poco.
El marco político más reciente está tintado por los efectos de la crisis y por un profundo retroceso democrático, por la extensión del miedo y la incertidumbre y, en el asunto que nos ocupa, por un recorte sin precedentes de recursos y de autonomía local. Pero también por una fenomenal respuesta popular de innegables consecuencias políticas que, no podía ser de otro modo, se ha dejado sentir en los ayuntamientos.
La nueva política local, allí donde existe y resiste a enormes dificultades y presiones, podría tener en su haber un buen punto de partida: su origen popular y democrático y unas bases ciudadanas poco habituales en décadas de partitocracia. Y hay un buen número de experiencias participativas, propias y ajenas, de las que extraer enseñanzas.
Pedagogía política, información de calidad y transparencia, solidaridad social, defensa de la democracia y construcción de ciudadanía son bazas para encarar nuevas estrategias de participación, con centralidad real en la cosa pública local y pensadas para un largo recorrido. Con voluntad política y recursos para, a pesar de las dificultades, intentar gobernar, efectivamente, con la gente; o sea, con y para unas sociedades locales diversas y plurales.
Ese reto será materia de la próxima entrega.
