La primera y hasta hora única asamblea conjunta de las dos formaciones, Ganar Cádiz en Común y Por Cádiz sí se puede, que celebramos el 23 de abril en el Instituto Columela, puede decirse que fue una combinación de buena relación con deseos insatisfechos. Lo que se denomina un balance agridulce.
Aunque son mayores los logros que las frustraciones en el periodo de casi tres años de gobierno local en Cádiz, sí puede decirse que hay errores que no pueden ser achacados a las limitaciones de todo tipo que una coalición de gobierno de izquierdas se ve obligada a soportar, sino a tropiezos e incumplimientos propios.
Porque la dicotomía no reside en un exceso de labor institucional frente a un olvido del trabajo “en la calle”, sino sobre todo a dos carencias atribuibles al equipo de gobierno:
- La ausencia en muchas áreas de un modelo de actuación y un programa de ejecución que perfile el objetivo al que se pretende llegar, los pasos necesarios para alcanzarlo y los instrumentos para ponerlo en práctica. Los programas electorales -sobre todo el de Ganar Cádiz, mucho más trabajado que el de Podemos- sí fueron capaces de definir objetivos, pero falta precisar estrategias para conseguirlos. Es el caso de la falta de un modelo turístico que haga frente a la creciente burbuja del alquiler de pisos y que defina la tipología, ubicación y tamaño de los hoteles que quieran instalarse en Cádiz, o del todavía inconcluso proyecto de integración puerto-ciudad que precise si vamos a ser puerto base de cruceros o no.
- La compartimentación de las concejalías y la ausencia, por tanto, de un proyecto integrado y corresponsable de todas las áreas; por lo que el balance en cada una de ellas es muy desigual, dependiendo sobre todo del apoyo técnico y social que reciben.
Y es que para asegurar una buena política, y no solo municipal, tenemos que tener la voluntad de efectuar transformaciones necesarias, contar con la posibilidad de realizarlas y poseer la inteligencia de llevarlas a cabo. Ahí es nada.
En el caso del área de medio ambiente, el balance es desigual: frente a una labor encomiable de defensa del agua pública y procesos participativos ejemplares, los resultados en residuos, contaminación atmosférica, parques y jardines, son inexistentes, agudizado además porque no se ha constituido todavía el consejo local de medio ambiente y movilidad.
Un contencioso heredado de la corporación anterior, el de la contaminación del agua potable en la barriada de Loreto, ha sido llevado con mucha torpeza. La designación del hoy investigado Romaní como vicepresidente de Acasa y su continuidad al frente de la fundación de Aguas de Cádiz, fue un mal comienzo. Renunciar a poner en manos de la justicia la mala praxis cometidas por el presidente, el gerente y el responsable del área técnica, siempre presuntamente, ha conducido a que sea el alcalde quien tenga que declarar el próximo mes de junio.
Sin embargo, toda la labor de información y formación energética, con el logro de ser Eléctrica de Cádiz una comercializadora de energía limpia, es muy buena, ensombrecida por el boicot perpetrado por el Partido Popular al imprescindible bono social eléctrico.
Las movilizaciones sociales de Cádiz siempre han sido inconexas y esporádicas, con puntas como las manifestaciones contra la guerra de Irak, las luchas de los trabajadores de la construcción naval o la solidaria con los despedidos de Delphi. Pretender formar una red de “asambleas de barrio” cuando el tejido asociativo gaditano está bajo mínimos, no deja de ser una muestra de voluntarismo. Sin elevar el nivel formativo de los ciudadanos, activar el interés cultural, fomentar el emprendimiento y la innovación y resolver el pavoroso panorama de falta de expectativas para los jóvenes, sin posibilidad de acceso a la vivienda y el trabajo digno, no future.
