Fotografía: Jesús Massó
Septiembre siempre me sonó a año nuevo por mucho que estos comiencen oficialmente el uno de enero. Septiembre sugiere cambios, retos, oportunidades y desafíos. Este inicio de curso estamos asistiendo a una clara ofensiva del Régimen en términos reaccionarios. Lo hemos podido comprobar con casos como el de Juana Rivas que pone rostro a una situación que no constituye un caso aislado pero que es tan injusta y terrible como invisibilizada. Lo hemos visto con la vulneración del derecho a huelga de los trabajadores de El Prat que se levantaron con valentía ante una situación cada vez más precaria. Y estos días asistimos a la represión más terrible y menos disimulada de un Estado que una vez más demuestra tener una clara esencia antidemocrática. Prohibición de actos, detenciones de alcaldes, funcionarios, registros de edificios por parte de la guardia civil, etc. Aunque parezca increíble, sí, es septiembre de 2017. Pero, como se suele decir, de aquellos barros… estos lodos.
En el caso de Cádiz, esta ofensiva se traduce en una batería de ataques, algunos realmente torpes y poco imaginativos, dirigidos al actual equipo de gobierno de la ciudad. No podía ser de otra manera, cargar contra el alcalde o cualquiera de sus concejales se ha convertido en una actitud rutinaria para los grupos de la oposición. Las primeras semanas de septiembre se molestaron en demostrar que habían vuelto de vacaciones, no por sus aportaciones precisamente, sino por las páginas y páginas en los medios de comunicación que intentaban dibujar una imagen de caos. Si hubiese que dar un titular podría ser, siguiendo su esquema mental, “Cádiz como Venezuela”.
Pero de cara al nuevo curso toca apartarse del ruido y huir también de la peligrosa rutina institucional que está diseñada para fomentar el cinismo y el posibilismo que tiene el peligro de traducirse en resignación. Ambos distanciamientos son necesarios para lograr hacer un análisis objetivo, para ser capaces de escuchar las necesarias y constructivas críticas que señalan las deficiencias y para visualizar y cuidar los avances que nos permiten mejorar situaciones de emergencia social al mismo tiempo que contribuimos, junto con muchos y muchas otras, a construir una ciudad distinta.
Esto implica, en algunos casos, armarse de honestidad para señalar los límites de la propia institución, diseñada por y para los intereses de los de arriba. La deuda, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los límites competenciales y un sinfín de trabas más no son excusas, son muros con los que este y cualquier gobierno que luche por mejorar y transformar la vida de sus vecinos y vecinas se chocará y suponen límites diarios a políticas necesarias. Pongamos dos ejemplos en dos de las delegaciones más importantes para cualquier gobierno de izquierdas: vivienda y servicios sociales.
En la primera, tenemos un déficit muy grave con un parque público de viviendas insuficiente y sin posibilidades de penalizar a los acaparadores con fincas cerradas a cal y canto mientras hay gente que no puede acceder a una vivienda digna. Esta realidad, derivada de una negativa del gobierno central a definir qué es una vivienda vacía en la legislación, se traduce en una enorme dificultad para que el Ayuntamiento fomente los alquileres sociales y garantice alternativa habitacional. En servicios sociales, existe una importante falta de personal en una ciudad muy dependiente de los mismos por los índices de desempleo y precariedad ante, entre otros factores, el desmantelamiento industrial de la Bahía sin diversificación del modelo productivo, situación agravada además con la crisis económica. Esta deficiencia se explica por el despido de 24 personas en la delegación durante los gobiernos del PP, por las restricciones a la contratación de personal que impone la ley de estabilidad presupuestaria y por el bloqueo de la RPT por parte de los partidos de la oposición, incluido el PSOE, que incluía una apuesta clara por el refuerzo de Servicios Sociales. La consecuencia es una enorme dificultad para dar un mejor servicio y donde las colas sean una imagen del pasado.
Luchamos desde los movimientos sociales, organizaciones políticas e instituciones contra estos límites que nos dificultan mejorar la vida y que dependen en gran medida de los gobiernos centrales y autonómicos a la vez que el gobierno municipal estira lo máximo posible los márgenes. En Servicios Sociales hay una apuesta clara por un cambio de modelo asistencialista a otro garantista de derechos y que fomenta el empoderamiento con, por ejemplo, los talleres para entender el recibo de la luz o el fomento de la inserción laboral a través del servicio de intermediación. Dentro de lo posible, se está reforzando la delegación con personal y el sistema de citas está cambiando para encaminarse a un formato donde la persona que acuda a esta delegación tenga la posibilidad de pedir cita en cualquier momento. Además, el bono del agua, ya en marcha, y el bono eléctrico, aún bloqueado por el PP ante su demora consciente para convocar el Consejo de Administración de la Fundación de Eléctricas Cádiz, son solo dos ejemplos entre otros muchos dentro de este cambio de modelo que busca aumentar la estabilidad a las familias. En vivienda, además del programa de alquiler justo, se está rehabilitando por ejemplo la finca de Santa María 10 para viviendas destinadas a alquiler social siendo una apuesta clara por cambiar el modelo.
Al mismo tiempo que estiramos al máximo estos límites, el gobierno municipal está finalizando el primer proceso de remunicipalizaciones que fue una de las principales apuestas programáticas de Podemos Cádiz. Entendíamos que era una medida estructural ya que estos procesos pretenden recuperar para lo público esferas hasta ahora gestionadas por lo privado en un momento en el que el avance del mercado en todas las esferas de la vida es cada vez más invasivo, y donde se trocean derechos para convertirlos en privilegios. La oposición en general ha tenido un comportamiento vergonzoso en todo este tiempo pero la actuación del PP ha llegado hasta el punto de usar la Subdelegación del Gobierno para intentar bloquear las remunicipalizaciones anunciando en prensa (habrá que ver si se lleva a efecto) un recurso a las mismas. Además, tenemos precedentes de otros municipios donde han llevado a cabo la misma estrategia como Zaragoza o Chiclana. La recuperación de los servicios públicos les escuece, a ellos y a las macroempresas que gestionan la inmensa mayoría de los servicios privatizados de las instituciones públicas y de los que sacan suculentos beneficios. Pero lo sentimos, en parte también por esto estamos seguras de que vamos en la dirección correcta.
Sin obviar los límites de una correlación de fuerzas objetivamente desfavorable, estamos en condiciones de comenzar a desmontar el mito neoliberal de que lo privado es mejor que lo público. Esto resulta condición necesaria para construir una alternativa de sociedad basada en el interés común y no en el incremento de las tasas de beneficio empresarial. Para ello, es imprescindible recuperar parcelas de credibilidad que demuestren una mejoría en la calidad de los servicios, al tiempo que tejemos alianzas con los trabajadores y las trabajadoras mejorando sus condiciones laborales y generamos posibilidades de experiencias para la autogestión ya que ellos y ellas son parte imprescindible y activa para la mejora del servicio.
Septiembre, seguimos.
