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D lopez
Fotografía: Raúl Láinez

Estimulante la presencia de Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida de Andalucía, en el espacio de Ganar Cádiz el pasado 30 de mayo.

Reconfortados por las buenas noticias de cómo se fraguaba la moción de censura contra M. Rajoy, mucho público asistente e interviniente, con amplia presencia de Podemos.

Es un orgullo que la experiencia municipalista de Cádiz, con la confluencia de Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz en Común, sirva como referencia al compromiso político andaluz de Unidos y Podemos.  Como ya constatamos en la asamblea conjunta del 23 de abril, han sido más las luces que las sombras en el balance de tres años de trabajo en la gestión municipal. Sin embargo, no debemos dejar de hacer ver que la acción política en el ayuntamiento no ha conseguido salir de un funcionamiento por compartimentos estancos, sin un modelo de trabajo compartido. Por eso, el resultado es muy variopinto, dependiendo de las alianzas y los apoyos que han sabido recabar los diferentes concejales (y concejalas).

La izquierda ha caído tradicionalmente en el cainismo y en el sectarismo, vicios que hay que combatir y evitar, como se dijo en el debate con Antonio, pero también en el caso de Podemos otro defecto ha sido su adanismo, por seguir con metáforas bíblicas, al pretender ofrecer soluciones partiendo de cero, obviando experiencias e inteligencias colectivas que vienen de décadas.

La ventaja de Podemos Cádiz es haber sabido aprovechar los vientos de cambios y el hartazgo de 20 años de teofilato, para erigirse en opción de gobierno. Sin embargo, el grueso de los movimientos sociales de la ciudad, ecologistas, de defensa de los derechos humanos, de lucha contra la precariedad,… han estado más cercanos a Ganar Cádiz. Pero la brecha generacional se hace más notoria en esta formación, mientras que Podemos ha sabido conectar mejor con el público juvenil y estudiantil.

Las reticencias de Podemos en relación a Izquierda Unida estaban fundamentadas en su participación en el gobierno andaluz del PSOE, experiencia con resultados francamente negativos. Afortunadamente, esos reparos parecen haberse solventado con un trabajo conjunto municipal y con la evidencia de que IU no desea ser muleta de ningún gobierno sedicentemente socialista.

Que tanto las asambleas de Ganar Cádiz como de Podemos sean órganos con capacidad de intervenir el diseño de las políticas municipales es el quid de la cuestión, no basta “estar informados”, ni convertirse en meros instrumentos de refrendo. Su capacidad para sancionar, en el doble sentido de la palabra, aprobación y censura, tiene que permanecer intacta. Por ejemplo, los técnicos del ayuntamiento deben ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones, pero, sin crear herramientas paralelas, también los técnicos y profesionales de las formaciones políticas han de ser tomados en consideración. Y la dicotomía entre qué proponemos y cómo lo trabajamos es un falso dilema: tan importante es diseñar un programa coherente, viable y de transformación social, como la manera de llevarlo a cabo.

Es vital que enfrentarse a los próximos desafíos electorales pase por una alianza política que, aunque se inicie desde la cúpula, reclame y asegure la participación activa desde la base. Vencer la apatía, la resignación y la desconfianza de tantas personas y colectivos castigados por la crisis y la falta de expectativas va a requerir desplegar todos los conocimientos y habilidades, que tienen que pasar por asumir las debilidades: carecemos aún de un modelo de ciudad para Cádiz, existen muchas lagunas e incertidumbres sobre qué podemos ofrecer como salidas productivas y laborales, no hay una propuesta robusta sobre el carácter cultural y turístico de la capital,…

Nada que no se pueda remediar en este trabajo conjunto de confluencia, convergencia y unidad al que estamos obligados (que no “condenados”) a entendernos.

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Daniel
Fotografía: Jesús Massó

La primera y hasta hora única asamblea conjunta de las dos formaciones, Ganar Cádiz en Común y Por Cádiz sí se puede, que celebramos el 23 de abril en el Instituto Columela, puede decirse que fue una combinación de buena relación con deseos insatisfechos. Lo que se denomina un balance agridulce.

Aunque son mayores los logros que las frustraciones en el periodo de casi tres años de gobierno local en Cádiz, sí puede decirse que hay errores que no pueden ser achacados a las limitaciones de todo tipo que una coalición de gobierno de izquierdas se ve obligada a soportar, sino a tropiezos e incumplimientos propios.

Porque la dicotomía no reside en un exceso de labor institucional frente a un olvido del trabajo “en la calle”, sino sobre todo a dos carencias atribuibles al equipo de gobierno:

  • La ausencia en muchas áreas de un modelo de actuación y un programa de ejecución que perfile el objetivo al que se pretende llegar, los pasos necesarios para alcanzarlo y los instrumentos para ponerlo en práctica. Los programas electorales -sobre todo el de Ganar Cádiz, mucho más trabajado que el de Podemos- sí fueron capaces de definir objetivos, pero falta precisar estrategias para conseguirlos. Es el caso de la falta de un modelo turístico que haga frente a la creciente burbuja del alquiler de pisos y que defina la tipología, ubicación y tamaño de los hoteles que quieran instalarse en Cádiz, o del todavía inconcluso proyecto de integración puerto-ciudad que precise si vamos a ser puerto base de cruceros o no.
  • La compartimentación de las concejalías y la ausencia, por tanto, de un proyecto integrado y corresponsable de todas las áreas; por lo que el balance en cada una de ellas es muy desigual, dependiendo sobre todo del apoyo técnico y social que reciben.

Y es que para asegurar una buena política, y no solo municipal, tenemos que tener la voluntad de efectuar transformaciones necesarias, contar con la posibilidad de realizarlas y poseer la inteligencia de llevarlas a cabo. Ahí es nada.

En el caso del área de medio ambiente, el balance es desigual: frente a una labor encomiable de defensa del agua pública y procesos participativos ejemplares, los resultados en residuos, contaminación atmosférica, parques y jardines, son inexistentes, agudizado además porque no se ha constituido todavía el consejo local de medio ambiente y movilidad.

Un contencioso heredado de la corporación anterior, el de la contaminación del agua potable en la barriada de Loreto, ha sido llevado con mucha torpeza. La designación del hoy investigado Romaní como vicepresidente de Acasa y su continuidad al frente de la fundación de Aguas de Cádiz, fue un mal comienzo. Renunciar a  poner en manos de la justicia la mala praxis cometidas por el presidente, el gerente y el responsable del área técnica, siempre presuntamente, ha conducido a que sea el alcalde quien tenga que declarar el próximo mes de junio.

Sin embargo, toda la labor de información y formación energética, con el logro de ser Eléctrica de Cádiz una comercializadora de energía limpia, es muy buena, ensombrecida por el boicot perpetrado por el Partido Popular al imprescindible bono social eléctrico.

Las movilizaciones sociales de Cádiz siempre han sido inconexas y esporádicas, con puntas como las manifestaciones contra la guerra de Irak, las luchas de los trabajadores de la construcción naval o la solidaria con los despedidos de Delphi. Pretender formar una red de “asambleas de barrio” cuando el tejido asociativo gaditano está bajo mínimos, no deja de ser una muestra de voluntarismo.  Sin elevar el nivel formativo de los ciudadanos, activar el interés cultural, fomentar el emprendimiento y la innovación y resolver el pavoroso panorama de falta de expectativas para los jóvenes, sin posibilidad de acceso a la vivienda y el trabajo digno, no future.

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D lopez
Fotografía: José Montero

Pongo este título a mi colaboración en “El Tercer Puente” utilizando de forma intencionada la doble acepción de la palabra “dichosa”: tantas veces nos han dado la matraca con la fastidiosa reindustrialización, se acumulan tantas esperanzas frustradas, que salta la luz roja del escepticismo y de la incredulidad cuando el político o el sindicalista de turno nos trae la buena nueva de reindustrializar la Bahía para sacar a los gaditanos de la crisis.

Y sin embargo, reivindicar una regeneración industrial (la palabra reconversión está completamente devaluada), no solo es legítimo, sino necesario. Es imposible conseguir empleos dignos y de calidad echando mano solo del sector servicios; tampoco el sector extractivo, primario, puede ofrecer muchas salidas laborales, además de la pesca, la acuicultura o la explotación de la sal. Y en cuanto al sector turístico, seguimos huérfanos de un modelo turístico que sepa integrar todo el atractivo patrimonial de la Bahía de Cádiz, además de su oferta de sol y playa.

La responsabilidad de las dos Administraciones, la central y la autonómica, en el fracaso de cuanta iniciativa emprendedora se ha lanzado para la Bahía, es completa y demoledora. Tanto el Plan Reindus que promovió el Ministerio de Industria, como el Plan Bahía Competitiva a cargo de la Junta de Andalucía, surgieron como respuesta a la desolación laboral creada con el cierre de la factoría Delphi en Puerto Real, en junio de 2007. En ambos casos el fracaso de los planes, el despilfarro de dinero público y la ausencia de exigencia de responsabilidades para sus ineptos gestores, son el balance y el legado dejados. El Plan Reindus de ayudas a la reindustrialización ha inyectado más de 70 millones de € en empresas que no existen o que no invirtieron en la Bahía, como Aeroblade (palas eólicas), Gadir Solar (paneles fotovoltaicos) o Celulosa Investment (biodiesel a partir de algas). En el caso del Plan Bahía Competitiva, la Junta ha enterrado y despilfarrado en empresas insolventes 25 millones de € para los proyectos fantasma del empresario Ouviña y más de 16 millones de € para otro empresario funesto, Ramón Hermo, con la fracasada Visteon  a la cabeza (Merkum, que pretendía fabricar autobuses eléctricos y Plasticur, fibra de carbono).

Pero no son solo estas dos administraciones las que han malgastado el presupuesto en proyectos fallidos. La Diputación de Cádiz y la Universidad (UCA) sacaron otro proyecto llamado (¡cómo no!) Bahía de Cádiz, junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI) y empresas como Tecnalia y Tecnotur. Echaron mano de 1,6 millones de € de los fondos europeos FEDER y de 400.000 € que aportó la Diputación provincial. El objetivo no podía ser más rimbombante: “Identificar las oportunidades de ámbito tecnológico y de innovación para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz”.  ¿Qué proyectos ha logrado movilizar y con qué resultados? Se ignora por completo.

Con estos precedentes de pésima gestión, resultados  raquíticos o nulos y ausencia completa de rendición de cuentas, es normal que cualquier otra iniciativa de similar guisa se tome a cachondeo y genere escepticismo total. La población trabajadora gaditana está harta de falsas promesas y nulos resultados en la lucha contra el desempleo.

Sin embargo, otra alternativa es posible. El ejemplo de la propuesta “Las Aletas real y sostenible” muestra que aunar inteligencia colectiva, rescate de los recursos endógenos, responsabilidad medioambiental y trabajo en equipo, puede dar buenos resultados. Si conseguimos vencer el desengaño, aunar voluntades de todas las administraciones y poner en funcionamiento la inteligencia y la imaginación, no todo estaría perdido. En este caso, la dichosa reindustrialización sí acogería la otra acepción de la palabra, una iniciativa feliz.

http://participacion.puertoreal.es/las-aletas-alternativa-real-y-sostenible/

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D lopez
Fotografía: Jesús Massó

Estamos ya acostumbrados a polémicas en las que ambas partes enzarzadas poseen algo de razón. Es el caso de la controversia, dentro de la gestión municipal que nos (pre)ocupa, entre los partidarios de ofrecer de manera competente los servicios que necesita el ciudadano, y de quienes consideran como más relevante contribuir a la transformación social de la ciudad.

Se trata de un dilema falso, porque ambos requerimientos son necesarios. Limitar la gestión de una ciudad a una mera prestación de servicios empobrece la acción  política, además de privarla de principios, fines y objetivos, en definitiva, del diseño del modelo urbano óptimo que se pretende alcanzar.

Pero también asistimos a un aferramiento dogmático a principios que se pretenden aplicar obligatoriamente al conjunto de los ciudadanos, “caiga quien caiga”. Es el caso de la famosa remunicipalización de los servicios municipales, objetivo justo y necesario, pero que desprovisto de su correspondiente contrastación con la realidad se puede convertir en todo un bumerang. Recuperar servicios externalizados es loable y eficiente, pero siempre que el resultado posterior redunde en un rescate competente de  la gestión pública y en una mejora en la gestión. Llevar de forma directa la gestión del agua, los residuos, la limpieza, los parques y jardines, la electricidad, la organización de eventos, etc. permite tener el control por parte de la Administración municipal y prescindir de gastos como IVAs y beneficios privados, pero hay que asegurar que el resultado final supone una mejora real.

Además de solucionar y proveer las necesidades de la ciudadanía, el ayuntamiento no puede ignorar que su razón de ser es combatir la desigualdad, asignando recursos en función inversamente proporcional a las rentas disponibles. Pura ideología, pero también pura justicia distributiva. Y todo ello por encima de los muy encomiables objetivos de disminución del tiempo de pago a proveedores, reducción del déficit o aminoración de la deuda municipal. Pura gestión eficiente, pero también pura obligación moral.

La ideología (la de izquierdas, la de compensación de desigualdades, por supuesto) es necesaria, pero su exceso abruma y dogmatiza la gestión. Si la ideología posibilita avanzar en el modelo de ciudad al que aspiramos, bienvenida sea, porque que se sepa, todavía desconocemos en Cádiz que modelo turístico deseamos, por ejemplo. ¿Queremos ser puerto base de cruceros, como muy precipitadamente ha manifestado nuestro alcalde, o pensamos que carecemos de la capacidad de absorción de cargas ambientales y sociales que esa opción provoca, además de no disponer de los equipamientos y servicios que van ligados a ese turismo? ¿Queremos ser una smart city, con todas las obligaciones e inversiones en TICs que eso comporta, o pensamos que antes hay que resolver el angustioso problema de vivienda y de paro que sufre de manera crónica la ciudad?

Para escoger la mejor solución, no solo la tecnología y el conocimiento nos ayuda, sino también la ideología. ¿Queremos tener una casa domótica con todos los adelantos high tech o priorizamos el acceso a una vivienda digna para todos (en régimen de alquiler,  a ser posible)? ¿Optamos por la recogida neumática  de los residuos e instalamos contenedores  con sensores de llenado, o priorizamos la inserción laboral de colectivos como Iguales en Acción para la recogida selectiva  de los residuos?

Como veis, pura y necesaria ideología.

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Daniel lopez marijuan
Fotografía Jesús Massó

Seguimos con el debate de cómo resolver el entuerto de la toma de decisiones en la gestión pública. Lo de “gobernar obedeciendo” está muy bien como lema, pero no puede eludir el compromiso de los responsables políticos, sobre todo si han sido elegidos, a la hora de adoptar decisiones y acuerdos.

Tan irresponsable puede ser la inacción como la suplantación de la iniciativa ciudadana con medidas autoritarias. Y no siempre ambas conductas son antagónicas: el comportamiento de Rajoy, para no ir más lejos, oscila entre un tancredismo paralizante y una imposición nada democrática.

Tan errónea puede ser la precipitación en la puesta en marcha de medidas, como la postergación sine die de éstas, una procrastinación muy habitual en el mundo adolescente. Recurrir a la opinión de la gente está bien como elemento de diálogo y participación, pero muy mal cuando de lo que se trata por parte del gobernante es rehuir el compromiso, echando balones fuera y adosando la responsabilidad de la actuación a “lo que diga la mayoría”.

¿Quién?

La autoridad pública, sin duda, pero sostenido por un competente argumento técnico, un sentido de la oportunidad y una consulta genuina, no impostada, a la ciudadanía. Los políticos están llamados a resolver problemas, no a crear otros nuevos, y a sopesar cuidadosamente la relación coste/beneficio de sus actuaciones. Nuestra Constitución doceañista emplazaba a los gobernantes a procurar la felicidad de la Nación; sin ser tan ambiciosos, deberíamos al menos exigirles que no aumenten el malestar y la infelicidad de los gobernados.

¿Cómo?

Sin adulteraciones ni sucedáneos. Sin una sociedad consciente de sus derechos y cumplidora con sus obligaciones, la democracia queda hueca de contenido. Los ciudadanos tienen que estar informados, han de ser protagonistas de la política y deben disponer de un nivel educativo adecuado.

¿Cuándo?

A lo largo de todo el proceso de la toma de decisiones. Estamos hartos de ser meros comparsas de “procesos participativos” que son una auténtica tomadura de pelo. Cuando se cocinan las medidas de antemano y se ofrecen al mero respaldo de las organizaciones para que emitan sugerencias y alegaciones, se está adulterando la acción política y convirtiendo a los agentes sociales en meros refrendatarios y convidados de piedra.

¿De qué manera?

Con la bien llamada inteligencia colaborativa. O sea, que la política, la ciudadanía, los técnicos de la Administración y el mundo académico trabajen en sintonía, cada uno aportando su saber hacer. Algo muy alejado de las prácticas habituales en la acción política de nuestro entorno, en el cual el cortoplacismo, el patriotismo de partido, el localismo y la rivalidad son tóxicas conductas.

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Daniel lopez marijuanFotografía: Jesús Massó

O al menos del buen hacer en la gestión de lo público. Nadie valora que la acción política sea fácil ni sencilla, pero tampoco se trata de una labor hercúlea, que requiera cualidades excepcionales. Se trata nada más y nada menos de resolver los problemas colectivos de los ciudadanos, echando mano de la capacidad, la transparencia y la honestidad.

Es cierto que en la historia de casi 40 años de democracia en España se ha consolidado una especie de darwinismo al revés entre la clase dirigente, es decir, sobreviven y se enquistan aquellas personas que no solo no son las más aptas, sino que atesoran las peores habilidades sociales: ineptitud, patriotismo de partido y afán de poder. Aunque nuestra democracia sea limitada y menguante, en el caso de los partidos, prácticamente sin excepciones, no ha penetrado el control democrático, además de que la partitocracia se ha adueñado de casi todas las instituciones.

Vamos al grano. ¿Cuáles deberían ser las cualidades de un gestor público genuino? Poseer una formación política básica, contar con determinados conocimientos técnicos y (last but not least) haber pasado por experiencias laborales y sociales.

Si pasamos revista a los políticos que ejercen la gestión pública desde la Administración (estatal, regional, provincial, local), comprobamos las carencias e insuficiencias de la mayoría de ellos. Sin poner nombres y apellidos (el sabio lector que nos lea lo puede hacer sin remilgos), es abrumadora la cifra de políticos que desconocen completamente la materia o el área que gestionan, que carecen de cultura política (o de cultura en general) o que no se han fajado con el mundo del trabajo ni del activismo social. Es cierto que rodearse de asesores cualificados puede aminorar este desastre, pero no lo resuelve;  además, en muchos casos la elección de los asesores no viene determinada por su cualificación, sino por su cercanía ideológica o por parentesco.

En asambleas de Ganar Cádiz en Común yo he escuchado eso de que “cualquiera vale para asumir responsabilidades de gobierno”, que basta con escuchar a la gente y que gobernar es tener paredes y techos de cristal (no por lo frágil, sino por la transparencia). Este cualquierismo es un pensamiento letal por lo extendido y generalizado que está entre las fuerzas de izquierda. Evidentemente no estoy reivindicando el gobierno de los expertos y de los técnicos, sino solo exigiendo un mínimo de rigor para dedicarse a la a veces ingrata y a veces satisfactoria acción política.

También sería bueno desterrar el culto a la juventud como supuesta solución al anquilosamiento de las instituciones. Con ser cierto que la juventud introduce nuevos puntos de vista y nuevas actitudes, también es verdad que contar con poca edad no es garantía de acierto. Lo mejor es combinar la frescura con la veteranía y es en esa sinergia donde pueden surgir ideas innovadoras.

Y por último, una reivindicación de la democracia representativa. Una exquisita combinación de democracia directa con la delegación de responsabilidades es lo que mejor funciona. El asamblearismo puede ser paralizador, además de que en ocasiones lo que hace es encubrir la indigencia de ideas del administrador, que endosa la responsabilidad de la toma de decisiones al administrado. ¿Una muestra cercana? El debate sobre las barbacoas del trofeo Carranza, desparrame para el cual la concejalía gaditana no tenía alternativas y que (afortunadamente, en este caso) desplazó a una comisión de participación que optó por lo evidente: su supresión. Confiemos que no ocurra lo mismo con otro problema de convivencia que tiene o puede tener la ciudad de Cádiz: el botellón juvenil, para el cual también el ayuntamiento ha optado por un “proceso participativo” que aclare las ideas.

Nadie asegura que ser político o estar de responsable político sea fácil, pero saber generar confianza entre los tuyos y ganarse el respeto de los adversarios, deberían ser requisitos indispensables