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A mediados de agosto, la patronal gaditana de Hostelería aportaba, al igual que hacían otras patronales andaluzas del sector, un primer avance sobre la marcha de la actividad durante el verano: un compendio de números y porcentajes de visitas y de reservas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros.

Estas baterías cuantitativas tienen obligada comparación con ejercicios anteriores, sacralizando el “crecimiento” de un año para otro o, en su caso, advirtiendo como necesariamente “negativo” el retroceso en algún punto porcentual. En el supuesto que existan tales datos “negativos” la patronal suele demandar a las autoridades locales mayor apoyo a unas actividades turísticas presentadas, cada vez más, como una suerte de servicio público prestado al conjunto de la ciudad. El caso de la ciudad de Jaén es llamativo: el presidente de los hoteleros ha tildado de “descalabro” la baja tasa de ocupación de los alojamientos de la capital durante el puente de agosto –“un inadmisible 35 %”-, responsabilizando de ello “a las políticas en materia de turismo” (Diario Jaén, 17/08/2019). Al margen de otras consideraciones, la temperatura máxima en esta ciudad alcanzó el día 15 de agosto los 38º.

Turismo en cadiz con t de tragedias
Fotografía: Jesús Massó

A pesar de todo, un par de hechos parecen incontestables: uno, el turismo continúa generando un importante volumen de negocio; dos, los datos apuntan, no obstante, síntomas de ralentización, de estancamiento o, cuando menos, algunos cambios de tendencias.

La ciudad de Cádiz asiste en los últimos años a un notorio crecimiento y diversificación de las actividades turísticas. A la tradicional afluencia de visitantes de veraneo, en su mayoría procedentes de otras provincias andaluzas o españolas, se han unido los impactos del crucerismo, de determinados eventos y espectáculos, distintos programas de movilidad académica o el denominado “turismo cultural”, o “turismo urbano”, modalidad en auge en el conjunto de ciudades andaluzas.

“Cádiz está de moda” se repite desde el sector, lo que se traduce en aumento de visitas y pernoctaciones, en la proliferación de otras formas de alojamiento y en la apertura de nuevos negocios… La capital gaditana ha mejorado su “posicionamiento turístico” con relación a otros lugares de la provincia, y los datos manejados por las entidades privadas y “público-privadas” refrendan un mantenimiento, aun con altibajos, de la actividad. Aunque la ocupación de los hoteles de la ciudad ha experimentado en julio un descenso de tres puntos con relación al mismo mes del año anterior, descenso similar a otras poblaciones de la Bahía, se preveían ligeras subidas para el mes de agosto.

Esta situación no es fácil de interpretar pues debe considerar el peso creciente de otros alojamientos (apartamentos, viviendas con fines turísticos, alquileres informales), en no pocos casos irregulares, lo que complica el contaje y explica, relativamente, la disminución de la pernoctación registrada frente al aumento de visitantes.

En cualquier caso, algunos datos podrían apuntar que se ha tocado techo: incertidumbres vinculadas al Brexit, situación económica alemana o italiana, recuperación de países competidores del Mediterráneo Sur que se vieron afectados por distintos conflictos… Son elementos que pueden afectar a la demanda; así, por ejemplo, el aeropuerto de Jerez ha visto disminuir su número de pasajeros en alrededor de un 3 %, sobre todo procedentes del mercado alemán, según datos oficiales de AENA.

Procede también reparar en ciertas debilidades de la propia oferta. La provincia de Cádiz aparece entre las andaluzas peor valoradas en la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía del primer y segundo trimestre de 2019, hecho al que habría que unir efectos de la alta presión turística de los últimos años en determinadas fechas y lugares e incluso imprevistos climatológicos u otro tipo de contingencias.

Todo esto nos sitúa ante una cuestión estructural: la debilidad de las actividades turísticas. Lo que a su vez nos alerta sobre derivas económicas excesivamente turistizadas, cuando no cada vez más fundamentadas en un inestable e insostenible monocultivo turístico que parece haber renunciado a modelos productivos más sólidos, diversificados y sostenibles. Las actividades turísticas podrían constituir ya el 14 % del PIB de Andalucía.

Otra debilidad crítica –otra tragedia– nos remite al empleo y la calidad de buena parte del empleo generado. Cierto es que estas actividades conllevan contrataciones pero también lo es que estas se caracterizan por la precariedad y los bajos salarios, por constituir en gran medida una “ocupación-refugio” con alta rotación y escasa profesionalización, en un contexto de irregularidades laborales, débil acción sindical e incumplimientos de convenio; o de auto-sobreexplotación de trabajadores y trabajadoras autónomas y de pequeños industriales en modestos negocios familiares y de temporada. Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el pasado mes de julio los contratos temporales superaron el 90 % de los contratos firmados y aproximadamente la cuarta parte tuvieron una duración inferior a una semana. Recientemente, la prensa local ha destacado en titulares que el festival No Sin Música “ha creado 300 puestos de trabajo”. El No Sin Música ha durado… cuatro días. Conviene recordar que la ciudad de Cádiz ha perdido, entre 2000 y 2018, más de veinte mil habitantes.

Además, entre estas tragedias del turismo en Cádiz, cabe registrar otra de la que apenas se habla. La gran afluencia turística genera importantes costes que son sufragados desde distintas administraciones públicas sin que suelan aparecer debidamente contabilizados. Limpieza y mantenimiento de playas y del conjunto urbanístico, tráfico, seguridad y policía, gastos sanitarios u otros servicios. A ello cabría añadir los costes de oportunidad derivados de recursos y dedicación retraídos a otras actividades económicas.

Valga un último apunte sobre al menos otras dos tragedias urbanas relevantes de la turistización en que está inmersa la ciudad de Cádiz, ambas que impactan directamente en la ciudad y la ciudadanía e, incluso, virtualmente, en la calidad de la propia oferta turística. Una refiere a las alteraciones en el espacio público: masificación de las playas y de otros lugares, pérdida de dinámica e identidad local de espacios y actividades tradicionales, contaminación acústica o proliferación de terrazas y veladores u otras formas invasivas de calles y plazas. Otra guarda relación con la multiplicación de viviendas con fines turísticos, estimadas en más de un millar, que contribuyen a la disminución del parque de alquiler residencial y al encarecimiento de rentas favoreciendo procesos de expulsión de población de barrios históricos.

Un análisis riguroso del proceso de turistización de nuestra ciudad debe exceder la habitual comparación de sopas de cifras. Y demanda, al igual que en otras ciudades andaluzas, miradas más amplias, críticas y constructivas. Las tragedias del turismo en Cádiz nos interpelan de manera sistémica sobre nuestro modelo de ciudad y sobre nuestro derecho a la ciudad. De un lado, Cádiz es presionada hacia un modelo ultra-neoliberal de ciudad mercantilizada y regida por intereses de grandes y pequeños grupos económicos y lobbys, globales y locales; de otro, estamos ante la pertinencia de un modelo urbano que inserte distintas actividades –el turismo entre otras– en un proyecto de ciudad más amplio, sostenible y democrático, con el concurso del conjunto de agentes y actores económicos, sociales y ciudadanos.

Nuestras autoridades tienen la palabra. Y la ciudadanía –usted y yo, por ejemplo– también.

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M melendez
Fotografía: Jesús Massó

Tenía el Cádiz de los setenta y los ochenta un grupo de mujeres activistas de las de armas –armas de las buenas- tomar. Había maestras y sanitarias y estudiantes y paradas y abogadas y limpiadoras y sindicalistas. Algunas eran madres. Algunas se declararon lesbianas porque les daba la gana. Todas eran jóvenes, muy jóvenes. Algunas ya no están. Era la Asociación Gaditana de la Mujer “La Pepa”. Eran “las niñas de la AGM”.

Las recuerdo en sus asuntos, en sus discusiones y en sus risas, en un bajo de la calle Sagasta, en una torrecita del Pópulo, en un callejoncito de San Juan, en la chirigota de Las Brujas montando un pollo en El Mentidero: “a los titis que no se porten bien, nos los vamos a comé cuando pase el carnavá”. Y en la Plaza de las Flores cortando el aire y suscitando simpatías y temores y malas caras. Y en las charlas y en los pases de películas y en las fiestas de un día de marzo que empezaba a sonar como Día de las Mujeres. Y colocando carteles y repartiendo octavillas y llevando pancartas. No había internet entonces. Era otro tiempo.

También recuerdo a más de un izquierdista listo, muy listo, obsesionadas las criaturitas con decir a estas mujeres activistas qué debían o qué no debían decir o hacer. Obsesionados con recriminarles con sornas sus constantes alusiones a “los y las”, a “ellos y ellas”, o sus gestos torcidos ante chistecitos la mar de graciosos. Eso entre los izquierdistas, ni cuento las barbaridades que salían de las boquitas de piñón de esa caterva local inspirada en un periódico heredero del fascismo de mi patria chica que se sigue llamando Diario de Cádiz.

Eran unas locas. Unas benditas locas que, encima, por si tuvieran poca faena, tuvieron la santa paciencia de intentar enseñarnos a algunos zoquetes cosas importantes: que la sexualidad no era la maternidad, que las violaciones o las palizas de algunos hombres a “sus” mujeres eran un problema político, que el aborto era un derecho como lo era el divorcio… Cosas importantes. También cosas pequeñas pero también importantes. Como caer en la cuenta de que recoger la cocina implica rematar con los azulejos de detrás del fregadero.

A pesar de lo zoquetes que éramos –y somos- algo llegamos a aprender de ellas: que la vida es otra cosa. Qué buena lección.

A día de hoy peinan o tiñen canas. Y ahí siguen, más frescas que una lechuga. Ante esta magnífica Huelga de Mujeres del Mundo que se nos pone por delante me viene el recuerdo de ellas y de tantas como ellas. Con todo el afecto. Con todo el reconocimiento. Con todo el agradecimiento. Por todo.

¡Qué coño! ¿Quién dijo vanguardia?

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C inmaterial
Fotografía: Jesús Massó

Cualquiera diría que los reunidos en París, en octubre 2003, alrededor de la convención de la UNESCO que definió el Patrimonio Cultural Inmaterial y nos alentó a su salvaguarda, tuvieron como fuente de inspiración la historia, la memoria y la continuidad de cuanto ocurre en las tramoyas, en las calles y en las cabezas de las gentes de Cádiz durante las fiestas de carnaval. Porque éstas reflejan la letra, el espíritu y todas y cada una de las manifestaciones regladas de aquel texto patrimonialista.

En realidad, más allá de los reconocimientos formales, de su inclusión en el Listado Representativo de la UNESCO, que es de lo que se trata, el Carnaval de Cádiz es ya, y desde hace mucho tiempo, desde antes incluso del enunciado preciso del concepto, una soberana –y soberbia- muestra de patrimonio cultural inmaterial. No le falta ni un detalle del detalle.

No es que lo sea por la espectacularidad o relevancia estética de sus puestas en escena, ni por la ostentación de cacharros lujosos y caros, ni porque registre una monumentalidad o antigüedad que lo remonte a la más excelsa de las glorias y lo más remoto de los tiempos. Tampoco, ojo, por su potencialidad económica como reclamo turístico. Tales extremos pueden o no estar encima de la mesa y tener mayor o menor trascendencia; lo es, sobre todo, por una cuestión de pueblo. De gente. De gentes de un pueblo que heredan y reconstruyen y reviven y transmiten, colectivamente, de manera singular, gestos y símbolos de pertenencia, artefactos y vivencias, valores y anclajes profundos, muy profundos, que modelan formas de pensar, de creer y descreer, de sentir y de estar que permean, por extensión, a la cotidianeidad social y cultural de la vida comunitaria. Con sus más y con sus menos. Es cuestión de identidad, de una identidad colectiva mamada y marcada por el protagonismo popular y por la apropiación y autogestión social del espacio y de la vida vivida de la ciudad y de la ciudadanía.

El Carnaval de Cádiz, como se vive en Cádiz, solo puede darse en Cádiz. Y, al mismo tiempo, cosas del complejo bucle de las causas y de los efectos, el pueblo de Cádiz, en su pluralidad, es como es, entre otras razones, porque revive cíclicamente su particular y contradictoria confirmación liándose la manta de las utopías, los amores, los surrealismos, los egocentrismos y las subversiones a la cabeza. Una manera irreverente y jonda, salpicada a mitades de prejuicios y transgresiones, de plantar cara a la existencia misma y a los preceptos y estructuras de los órdenes establecidos –de los desórdenes dominantes-. Una manera local y localista de formar parte de esta rara especie de animales que somos los animales humanos.

La virtual inclusión del Carnaval de Cádiz en el Listado Representativo del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad brinda la ocasión para sentirnos, con tanta modestia como razones, orgullosos y emplazados. Con el legítimo orgullo y la alta responsabilidad de aportar a la Humanidad un más que necesario granito de buena voluntad y de relativismo desde este laberinto poético y mamarracho nuestro de virtudes y miserias. Ni más ni menos.

Bajo estos principios, que vienen a ser los enunciados por la UNESCO, bienvenido sea este estarivé de papeleos y proclamas y telefonazos y comités y expectativas que, ojalá no lo perdamos de vista, debería obligarnos a intentar ser mejores como personas y como comunidad. Porque, si no, si al final, como ya ocurre en tantos casos, todo derivara a un cachondeito más de croquetismo y oportunismo de los tratantes de la política y de los dineros, si al final todo fuera una nueva “oportunidad de negocio” y un sarao de entretenimiento y camuflaje de ineptitudes y de ausencia de voluntades para encarar tantas apremiantes necesidades del pueblo, para eso, pues mejor nos quedamos como estamos. Siendo patrimonio inmaterial de la humanidad con la dignidad y la verdad de las letras minúsculas y de nuestro propio auto-reconocimiento.

Tan ricamente. Y a otra cosa mariposa.

Tiempo de lectura 💬 3 minutitos de náJose maria manjavacas

Fotografía: Jesús Massó

Una parte relevante de agentes empresariales y de profesionales de la política y la opinión coinciden en (des)calificar como “turismofobia” los malestares que sectores ciudadanos de cierta amplitud y diversidad vienen expresando ante la creciente turistización, turistificación en determinados casos, de nuestras ciudades. Significativa convergencia.

El debate social cuestiona algunas “grandes verdades” del desarrollo turístico: ¿adónde va el grueso de beneficios de unas operaciones privadas que impactan en el espacio público y la vida ciudadana?, ¿cuáles son y quiénes soportan los costes ambientales y sociales urbanos de estas actividades?, ¿por qué enfatizan como “creación de riqueza y empleo” a pequeños negocios inestables, autónomos autoexplotados y trabajo precarizado e irregular?, ¿en qué medida el crecimiento de los últimos años obedece a una demanda coyuntural deudora de conflictos en destinos competidores?, ¿es razonable el monocultivo turístico como motor económico desatendiendo otras estrategias de desarrollo más sólidas, diversificadas y sostenibles?, ¿son nuestros cascos históricos y nuestro patrimonio cultural productos para turistas?, ¿estamos ante un acelerado proceso de privatización de nuestras ciudades?, ¿cuánto dinero público se destina a subvencionar la promoción de la industria turística?, ¿deben gestionar los lobbies turísticos la ciudad o debe la política democrática gobernar la ciudad y, dentro de ella, gestionar el turismo?, ¿asistimos a una nueva burbuja?, ¿son viables otros modelos turísticos?…

Hay más preguntas, entre ellas una es muy pertinente: ¿por qué cuesta tanto debatir de manera abierta y razonada sobre todo esto sin ser objeto de descalificaciones?

Sorprende, ya digo, la convergencia en un discurso unilateral y opaco a cualquier atisbo de disenso entre quienes negocian a lo grande con la empresa, la política y la opinión, enrocados de manera irresponsable en publicitar como “muy positivas” una sopa de cifras parciales y sesgadas. Consejeros del ramo y más de un alcalde y de un concejal, de partidos muy dispares, sacan pecho en lo alto de la ola, -en realidad, hacen de la necesidad virtud para disipar sus fracasos-, pretendiendo rentabilizar unos datos no solo discutibles sino con los que ellos y sus gestiones tienen poco o nada que ver.

No se trata de hacer un alegato contra el turismo, fenómeno complejo y de interés económico y sociocultural al que, afortunadamente, mejor o peor, también accedemos la gente normal y corriente. Bien está defender el derecho al turismo y el derecho al negocio pero también el derecho al trabajo digno y el derecho a la ciudad. Es necesario un debate público sobre el turismo y su gobernanza democrática, sobre su conveniente ordenación, su calidad y sostenibilidad económica, social y medioambiental. Se trata de una propuesta elemental y no de un brote de “turismofobia”, cual si fuera una especie de enfermiza disfunción psicosocial.

De reducir la cuestión a tales términos deberemos concluir que una nutrida nómina de especuladores, políticos, opinadores y otros tantos oportunistas y bobos padecen de turismofilia, de una obsesión compulsiva por trasvasar recursos y bienes del común al enriquecimiento particular, cuanto más y en menos tiempo mejor, acaso a cambio de vender como un “éxito” que algunos condenados al paro accedan a un regajo de migajas quebrándose las costillas en el tajo. Una obsesión además adicta al embuste y a las verdades a medias, a un papanatismo triunfalista del cortísimo plazo sin reparar en consecuencias y gastos.  

La turismofilia es una suerte de patología del capitalismo salvaje a la que se han sumado, a su dictado, con delirante entusiasmo, la política basura y el periodismo basura.

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Manjavacas iii completa

Fotografía: Jesús Massó

Las delegaciones municipales de Participación Ciudadana cumplieron cierto papel en los inicios de la democratización local. Pero, observadas en perspectiva y salvadas algunas excepciones, no han representado sino una escenificación marginal en unas corporaciones locales de muy pobre calidad democrática. Arrinconadas en la agenda local, con competencias y recursos muy limitados, han atendido en el mejor de los casos algunos asuntos de segundo orden, “de manera participativa”, mientras las decisiones urbanas importantes discurrían por espacios poco transparentes, en negociaciones de jefaturas políticas y grupos económicos que observan la ciudad como oportunidad de negocio.

Y es que las administraciones locales no están políticamente concebidas ni burocráticamente estructuradas para la participación democrática. Antes al contrario, en no pocos casos, se han revelado como fenomenales maquinarias opacas aunque demasiado permeables a la corrupción empresarial y partidista y al clientelismo y el caciquismo político.

Conviene también tener presente que una cosa es la participación de la ciudadanía y otra, bien distinta, son las estrategias partidistas e institucionales de participación ciudadana. Y que una cosa es abrir la política local a la ciudadanía y otra, también muy distinta, hacerlo a las personas y grupos e idearios próximos al partido gobernante de turno. De Perogrullo. Nuestras ciudades son mejunjes de gentes y colectivos muy diversos; con preocupaciones, inquietudes, vivencias, creencias, aspiraciones y formas de estar dispares y, por lo común, igualmente legítimas. Poner una institución al alcance de los afines ha sido práctica habitual de las derechas. Y a menudo de las izquierdas. Eso no es contribuir a la construcción de ciudadanía democrática.

Una política local comprometida con la construcción de la democracia participativa debe aspirar a abrir a la ciudadanía –a la información y la deliberación, a la toma de decisiones y la cogestión y a la rendición de cuentas-, de una u otra forma, el conjunto de la política local. No es tarea fácil. Demanda firmes convicciones y voluntades políticas de las autoridades, unas estructuras y medios técnicos y profesionales suficientes y preparados, y una amplia y plural participación y proyección social. No reparar en ello ha dado como resultado un arco de experiencias más o menos fallidas, o de discutible impacto, que oscilan entre las buenas intenciones y muy variadas maneras de quedarse con la gente. Un arco, por lo general, con poca sociedad detrás.

A las dificultades reseñadas se unen otras tantas que guardan relación con las disponibilidades sociales para participar, para tomar partido, para dedicarle tiempo y esfuerzo. Las experiencias más avanzadas han demostrado la existencia de cualificadas minorías dispuestas a trabajar por democratizar la democracia, pero también han evidenciado las limitaciones para una participación sostenida entre sectores ciudadanos de cierta amplitud. La vida cotidiana impone restricciones, y también influyen los valores, las experiencias y trayectorias personales y colectivas. Participar figura entre las asignaturas pendientes de nuestros procesos de socialización.

Así las cosas, lo más sensato es pegar los pies al suelo, conocer e interpretar la realidad y actuar en consecuencia: de poco sirven elaborados recetarios de pretensión universal. Cierto es que las bibliografías y los conocimientos directos dan cuenta de una amplísima nómina de principios, metodologías, sistemas, procesos e instrumentos para la participación y para la construcción de la democracia participativa. Ahí están y su combinación, en todo o en parte y en según qué momentos, junto a otras herramientas que vayamos inventando, puede ser de utilidad. No es ese el principal problema.

La cuestión central reside en tener claro bajo qué supuestos y con quiénes se pretende construir la democracia participativa; sabiendo que no hay atajos, que no cabe esperar resultados espectaculares en un plazo de tiempo corto. Porque estimular y estructurar la participación ciudadana local es una carrera de fondo que exige, por encima de cualquier otra cosa, partir y actuar en base a las preocupaciones de la gente, con el protagonismo de la gente, aprendiendo con la gente y sin perder el compás de la gente.

Apoyar a los asociacionismos ciudadanos desde el escrupuloso respeto de su autonomía, hacer de la información –no es lo mismo información que propaganda- y de la transparencia práctica habitual, perseguir consensos con los actores sociales, impulsar proyectos para la pedagogía cívica democrática y articular espacios de debate público sobre los proyectos y actuaciones urbanas son tareas inaplazables y factibles para la nueva política local. Para el conjunto de la nueva política local. Con la gente: con las entidades, las organizaciones, los colectivos y las personas. Sin pausa. Y sin demasiadas prisas. Repetían en las plazas que “vamos despacio porque queremos llegar lejos”. Pues eso.

Así lo ve un servidor de ustedes.

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Manjavacas ii completa

Ilustración: The Pilot Dog

Segunda entrega para ayudarnos a pensar, ahora, con otros vientos en las políticas locales –en la política en general-, en nuevas propuestas para hacer de nuestras ciudades y pueblos espacios más participativos, más democráticos; espacios para la construcción de ciudadanía.

Desde finales de los años noventa y durante la primera década de este siglo se observaron en Andalucía dos discursos entre los que, con aproximaciones y distancias, se ubicaron nuevas experiencias participativas.

En un extremo, un reformismo moderado, preocupado por la desafección ciudadana hacia la política institucional, buscó mayor legitimación en nuevos modelos de gobernanza y apostó por testar la “opinión ciudadana” en espacios participativos que, además, contribuyeran a sumar complicidad social a las decisiones, a veces controvertidas, de las autoridades.

En otro polo, un sector del municipalismo andaluz, influido por procesos latinoamericanos, propuso “radicalizar la democracia”. Democracia participativa para el empoderamiento ciudadano y la transformación social en unos contextos locales más próximos y permeables a la acción social comunitaria y a la defensa de los derechos políticos y sociales.

Ambos discursos surgieron de manera parcial en diferentes partidos de la izquierda, aunque dependieron de la posición de estos partidos –mayoría o minoría- en el seno de gobiernos locales de coalición. También de trayectorias concretas de determinados dirigentes políticos. Pero hubo una tercera postura que, además, fue la más extendida: no hacer nada. No decir nada. Nada innovador, nada transformador. Nada de nada.

Entre los dos polos citados –ambos minoritarios, el segundo más que el primero- se dispusieron sistemas e instrumentos participativos, territoriales y sectoriales, con asociaciones, vecinales o de otro tipo, y ciudadanas y ciudadanos a título individual. Algunas minorías, en algunos ayuntamientos, impulsaron procesos de presupuestos participativos, en ocasiones presentados como “la alternativa” para construir la democracia participativa local.

Las experiencias registradas, fruto de loables esfuerzos, pusieron de manifiesto, cuando menos, la existencia de sectores -políticos, ciudadanos y de empleados públicos locales- dispuestos a innovar e incluso a desbordar los estrechos marcos del sistema representativo. Así, se abrieron nuevos cauces institucionales (consejos, mesas sectoriales, foros ciudadanos, participación en planes estratégicos, etc.), si bien eminentemente consultivos e irregulares, con débil transversalidad y poca incidencia en los “grandes temas” urbanos. Justo es añadir que, salvo excepciones, generaron críticas en los sectores más exigentes e indiferencia entre la población. La participación ciudadana continuó ocupando, cierto que con más palabras y con más papeles, una posición periférica en el conjunto de corporaciones locales andaluzas.

Por su parte, los presupuestos participativos promovieron, en algunos lugares y momentos, no así en otros, cierta base social y numerosas demandas ciudadanas. Pero fueron excesivamente rígidos y complejos, a veces más atentos a recetarios y consignas de pretensión universal que a las dispares realidades locales donde se intentaron llevar a cabo, y contaron con escaso respaldo político y social. A partir de 2007, fueron desapareciendo; ya fuera por inacción o agotamiento, por su disolución desde los mismos ayuntamientos que los habían impulsado o, sin suscitar resistencias, por los gobiernos conservadores constituidos en 2011.

La década se saldó con algunos logros, sin duda desiguales, y con demasiada propaganda y autocomplacencia. En cierta medida los ensayos habían obedecido a intereses institucionales y a estrategias partidistas o de consultoras, cuando no a pugnas entre partidos e incluso entre facciones en un mismo partido. La gente, una vez más, pintó poco.

El marco político más reciente está tintado por los efectos de la crisis y por un profundo retroceso democrático, por la extensión del miedo y la incertidumbre y, en el asunto que nos ocupa, por un recorte sin precedentes de recursos y de autonomía local. Pero también por una fenomenal respuesta popular de innegables consecuencias políticas que, no podía ser de otro modo, se ha dejado sentir en los ayuntamientos.

La nueva política local, allí donde existe y resiste a enormes dificultades y presiones, podría tener en su haber un buen punto de partida: su origen popular y democrático y unas bases ciudadanas poco habituales en décadas de partitocracia. Y hay un buen número de experiencias participativas, propias y ajenas, de las que extraer enseñanzas.

Pedagogía política, información de calidad y transparencia, solidaridad social, defensa de la democracia y construcción de ciudadanía son bazas para encarar nuevas estrategias de participación, con centralidad real en la cosa pública local y pensadas para un largo recorrido. Con voluntad política y recursos para, a pesar de las dificultades, intentar gobernar, efectivamente, con la gente; o sea, con y para unas sociedades locales diversas y plurales.

Ese reto será materia de la próxima entrega.