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Marijuana grande

Ilustración: The Pilot Dog

A nadie se le escapa a esta altura que el impacto que la crisis, y sobretodo de las políticas de PSOE y PP durante la misma, ha sido más duro en Cádiz que en el resto del país.

La situación de partida hacía de nuestra ciudad un lugar más vulnerable a las políticas de recortes, a las reformas laborales o a las privatizaciones. Frente a la situación de desempleo masivo, y en un contexto de crisis aún no acabada del sector naval, en Cádiz han existido algunos contrapesos que han hecho que la degradación de las condiciones de vida en nuestra ciudad no haya alcanzado cotas más graves. Uno de estos contrapesos ha sido la solidaridad familiar, el reagrupamiento (a costa de un nuevo tipo de hacinamiento) y la ayuda intergeneracional. Y entre estos tipos de ayuda familiar, un colchón que ha resultado imprescindible, hemos visto a abuelos y abuelas soportar con sus pensiones el peso de la crisis: los desayunos de nietos o las ayudas para el alquiler.

Al mismo tiempo que los abuelos hacen de puntal familiar, la juventud sigue saliendo en busca de una estabilidad laboral difícilmente encontrada en algún lugar del planeta y la natalidad sigue estancada. Envejecemos como ciudad a pesar del esfuerzo del nuevo gobierno de José María González “kichi” de hacer más seductora y habitable esta ciudad. El debate de las pensiones es un debate de solidaridad, de justicia y de digna vida en cualquier rincón de este país, pero en Cádiz es un debate de superviviencia.

Al inicio de la crisis el antiguo gobierno de Zapatero se reunía con las 37 empresas más influyentes del país y emprendía, tras la misma, una serie de reformas que suponían una vuelta de tuerca más en el modelo neoliberal y antisocial. En el paquete de medidas se encontraba la reforma del sistema de pensiones con la excusa de reducción de la “hucha” y el envejecimiento de la población.  En ese momento y a pesar de una Huelga General con una cierta fuerza, y que tuvo particular éxito en Cádiz, la reforma consolidó un ataque que suponía alargar la edad de jubilación y modificar los años de cotización para el cálculo de la pensión. En la práctica ha sido un duro golpe para el empleo (alargar la edad de jubilación dificulta el empleo de la juventud) y un recorte a las pensiones. Valdría la pena recordar que desde 1996 había campañas sistemáticas, en esos tan poco fiables medios de comunicación apoyados por “objetivos” informes de entidades financieras, que anunciaban la bancarrota de la hucha de las pensiones públicas. Cada año, al contrario, desde 1996 la hucha de las pensiones aumentaba convirtiéndose en una de las instituciones más sólidas, pero eso sí, esas campañas conseguían aumentar los fondos de las pensiones privadas (pasaron a triplicar sus cifras desde 1996 a 2005 en nuestro país), ya que un sector de ahorradores asustados por la incertidumbre generada depositaba parte de sus ahorros en fondos privados.

Aunque ahora el contexto sea otro, valdría la pena recordar que justo cuando Rodríguez Zapatero anunció aquella reforma los que estaban en verdadera bancarrota eran los fondos de pensiones privados, cuya rentabilidad había caído de manera alarmante con la crisis financiera (los fondos de pensiones privados invierten en la economía de casino para así pagar a sus inversores y obtener ganancias). Por poner un ejemplo en nuestro país había perdido un 9% de su valor en 2008 y en Reino Unido un 38%. Se trataba de recortar pensiones públicas para hacer más atractivos los fondos de pensiones privados y recuperar dichos fondos para poder pagar las pensiones privadas.

Pero además, el gobierno de Rodríguez Zapatero incidía en eso del envejecimiento de la población para justificar el recorte. Valdría la pena desmontar este argumento antes de entrar en este nuevo escenario para las pensiones. Para sostener las pensiones públicas de la generación próxima a jubilarse en los próximos 15-20 años, la del baby-boom, bastaría con aumentar el gasto público en pensiones, sólo en los años en que esté jubilada esa generación, hasta el 13% del PIB, algo que no parece desproporcionado si vemos que nuestro país está muy por debajo de la media de la Eurozona en gasto social. Pero es que además si el incremento de la productividad es el mismo que en la media de los 40 últimos años, con la misma población empleada doblaríamos la riqueza producida, habría para pagar pensiones y mejorar salarios. Claro que esa mejor distribución de la riqueza en favor de la mayoría social dependería de nuevos marcos políticos, de movilizaciones y de nuevas relaciones de fuerza, pero técnicamente no es ningún problema garantizar las pensiones. Eso sí, para hacerlo habría que cuestionar una fiscalidad sumamente injusta y, por tanto, con poca capacidad recaudatoria. Tenemos que seguir recordando que las empresas del IBEX 35 están pagando de media un 12.5% de impuestos sobre su beneficio empresarial mientras que el 85% de los ingresos fiscales recaen sobre las rentas del trabajo o mientras que las grandes fortunas depositadas en las SICAV tributan simbólicamente.

Quienes han vaciado a propósito la hucha de pensiones sabían también que es imposible llenar la hucha si no subimos las cotizaciones. Pero ellos prefieren la idea de “salir” de la crisis devaluando salarios o precarizando el empleo. Y ahí tenemos otro gran problema para consolidar nuestras pensiones. Hay que subir salarios, combatir la temporalidad, pero además obligar a cotizar en los contratos temporales por los fines de semana, o cotizar para todo el año aquellos que son despedidos para ahorrarse el mes de vacaciones, entre otras medidas que llenarían de nuevo la hucha. Quienes apuestan por el desempleo masivo y la precariedad laboral son los que están llevando a una crisis al sistema público y además seguro que están pensando en cómo rentabilizar esa situación.

Sería bueno pensar que la viabilidad y mejora de las pensiones públicas no es un debate abstracto y menos para Cádiz. Es un debate del hoy y también es un debate que asegura futuro a nuestra ciudad. Más allá de los esfuerzos que pueda hacer nuestro alcalde y su equipo de gobierno, hay batallas políticas que dejan a Cádiz en una mejor o peor situación de partida. Y ésta en concreto debería ser tomada muy en serio, para revitalizar el comercio, garantizar la vivienda y la vida. Hay solución técnica para mejorar las pensiones en nuestro país, sin ningún temor, pero lo que hay que decidir es que desde qué marco político queremos abordar este debate.

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