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Ojos verdes

Ilustración: María Gómez

Decía en un artículo anterior que el estado de sumisión que sufre la ciudad al tráfico motorizado obliga a justificar hasta el extremo el mínimo espacio de rodadura o aparcamiento que trate de restarse al automóvil. No digamos ya si lo que se plantea es la peatonalización del Casco Histórico de Cádiz. No basta la obviedad, el sentido común, la evidente vocación del espacio. No basta siquiera que lo contemple el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), aprobado en 2011, y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que data de 2013.

Sin embargo, afrontar un proyecto de ese tipo, como ya han hecho o están haciendo numerosas ciudades españolas, no solo es justificable desde cualquier perspectiva (ambiental, social, económica, urbanística, de movilidad, patrimonial, de derechos humanos e individuales…), sino que existen motivos que la hacen inapelable e inaplazable y que instan al Ayuntamiento de Cádiz a dejar de mirar para otro lado y abordar la cuestión en la presente legislatura.

El cambio climático es un motivo inapelable e inaplazable, que requiere reducir drásticamente la movilidad motorizada. Representa una amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles para las sociedades humanas y el planeta. Cada año y casi cada mes se baten récords. El último, el pasado agosto, que ha sido el más caluroso en los 136 años de registro histórico. El objetivo acordado en la Conferencia de París sobre Cambio Climático del pasado año, de evitar que el incremento de la temperatura media global supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales, exige a todos los países la puesta en marcha de políticas y medidas para reducir de forma efectiva las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El sector de la movilidad y el transporte está en el centro de las miradas pues, según las estimaciones más afinadas, supone el 40% de las emisiones de GEI totales en nuestro país. De ellas, el 40,2% es debida a los automóviles privados. Si nos centramos en el transporte de personas, el 84,8% de las emisiones tienen su causa directa en coches y motos. Actuar, por tanto, sobre la movilidad cotidiana, reduciendo el uso del automóvil, es esencial para conseguir cumplir el objetivo acordado y en ello es la Administración Local la que lo tiene que decir casi todo.

Del mismo modo, la contaminación del aire en las ciudades es un motivo inapelable e inaplazable. Según un reciente informe del Banco Mundial, en España se producen al año unas 15.000 muertes prematuras debido a la contaminación del aire, que genera además un coste sanitario de unos 45.000 millones de euros al año. Alguien pensará que esta contaminación y sus efectos se localizan en las grandes urbes ―Madrid tuvo que tomar medidas contundentes contra el tráfico el invierno pasado por episodios de contaminación extrema― y que tienen una importancia menor en ciudades medias o pequeñas. Sin embargo, no es así. El 99% de la población española respira aire con niveles superiores a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir, 45,9 millones, toda la población de Cádiz incluida. La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) alertaba el pasado otoño del aumento de las urgencias infantiles por infecciones respiratorias debido a la contaminación del aire y ponía de ejemplo ciudades medias como Oviedo y Valladolid. Por si fuera poco, desde 2012 la OMS considera el humo del diésel como causa segura de cáncer ―segura significa segura―, habiéndolo clasificado en el nivel 1, el más alto, de la escala de sustancias cancerígenas, junto al benceno o el amianto. Sorprende el contraste entre la alerta social ―plenamente justificada― que genera la presencia de amianto, con la normalidad con la que respiramos continuamente el humo del tráfico. Y sorprende que la reducción drástica del tráfico motorizado, la fuente que genera tan grave problema de salud pública, no esté en la agenda de las administraciones.

Alguien dirá que me estoy yendo por las nubes ―literalmente― y que de la urgencia de afrontar el cambio climático y la contaminación del aire urbano a plantear como necesidad la peatonalización del Casco Histórico de Cádiz va un derrape. Pero no es así. El Casco Histórico de Cádiz es, en relación a su superficie, la principal zona de atracción de movilidad de la ciudad y de la Bahía de Cádiz, tanto de viajes a escala municipal como metropolitana. Según datos del PMUS, recibe más de 23.000 vehículos diariamente, unos 16.000 vehículos por km². Una cifra similar al tráfico que recibe, por ejemplo, el centro de Londres. Además, el 69% de los desplazamientos en vehículo privado que se realizan en Cádiz son internos al municipio y de ellos el 60% tienen origen o destino en el Casco Histórico. Por tanto, la peatonalización del Casco Histórico tiene una gran potencialidad  como medida de reducción de tráfico en la ciudad. Actuar sobre él es importante en sí mismo, pero además tendrá un efecto de reducción del tráfico en toda la ciudad y en toda la Bahía. Es decir, no solo se reducirán los desplazamientos en coche dentro del área peatonalizada, algo obvio, sino que se reducirán también los que tienen a esta como destino u origen, al eliminarse la expectativa de acceso y aparcamiento. Por poner un ejemplo significativo, la peatonalización del centro de Pontevedra ha supuesto una reducción de tráfico de un 70% en el centro y de un 30% en el conjunto de la ciudad. Hay que quitar coches de la circulación actuando sobre toda la ciudad, pero hay que empezar por los principales centros atractores de movilidad y con las actuaciones que serán más eficaces en ese objetivo.

Si a alguien le parecen los anteriores motivos demasiado etéreos, existe otro tan inapelable e inaplazable que tiene fecha límite exacta de aplicación y cumplimiento. La Ley General de derechos de las personas con discapacidad establece que las condiciones básicas de accesibilidad de los espacios públicos urbanizados y edificaciones son exigibles a fecha de 4 de diciembre de 2017. Entre estas condiciones está que las aceras, y en general los itinerarios peatonales, deben tener una anchura libre de paso de al menos 1,80 metros. Si el ancho o la morfología de la vía no lo permiten, hay que crear plataformas únicas de uso mixto, es decir, aquellas en las que la acera y la calzada están a un mismo nivel. Salvo contadas excepciones, la práctica totalidad de las calles de la trama interior del Casco Histórico de Cádiz carece de ancho suficiente para tales aceras, por lo que deberán transformarse en vías de plataforma única. Una parte de ese viario ha sido ya adaptado, pero existen aún bastantes calles fuera de normativa, presentando acerados estrechos a distinto nivel de la calzada que resultan impracticables para la mayoría de las personas, no solo las usuarias de silla de ruedas. La calzada, sin embargo, es continua y sin obstáculos, lo cual no es más que la constatación del trato privilegiado que se concede al automóvil sobre las personas. Se da por sentado que los coches no pueden subir ni bajar escalones, pero a las personas usuarias de silla de ruedas u otras con dificultades de movilidad que les zurzan.

La actual situación económica, la proximidad de la fecha límite y la envergadura del ámbito de actuación harán difícil un cumplimiento pleno de las condiciones legalmente exigibles. Por tanto, peatonalizar las calles del Casco Histórico, haciendo que la actual calzada pueda ser destinada a itinerario peatonal accesible, es la medida más efectiva, sencilla y barata ―y posiblemente la única― de garantizar a todas las personas un uso no discriminatorio, independiente y seguro de los espacios públicos. Se trata simplemente de conceder a las personas los privilegios que hasta ahora han disfrutado solo los coches.

Los anteriores motivos, desde tres ámbitos o perspectivas diferentes ―medio ambiente, salud, derechos de las personas―, exigen una actuación inmediata por parte de los responsables municipales. Pero se podrían esgrimir otros, quizás más cercanos a las preocupaciones cotidianas de la mayoría e igualmente urgentes, como es la precaria situación de la economía y el empleo de la ciudad. Tratar de atajar esta situación, aunque sí esté en la agenda política, se escapa probablemente a las posibilidades de la política municipal. Sin embargo, cada decisión influye. La potencialidad de las peatonalizaciones para generar riqueza, para fortalecer y desarrollar el comercio local y de proximidad, es algo que se constata caso a caso. Según un estudio reciente sobre las peatonalizaciones realizadas en Sevilla en la última década, más de un 50% de la población encuestada reconocía haber aumentado sus compras y su consumo de hostelería en las calles peatonalizadas. La ciudad es por sí misma un sistema generador de riqueza y lo que hay que hacer es evitar que se escape. Y eso es lo que se consigue favoreciendo la movilidad peatonal frente a la motorizada, de la que solo se benefician los grandes centros comerciales y de ocio. Si alguien propuso el tercer acceso como una actuación que atraería riqueza, yo solo veo riqueza se escapa por él.

Incluso hay también razones políticas. Los programas electorales de Por Cádiz Sí Se Puede y Ganar Cádiz en Común proponían la peatonalización del Casco Histórico y esta se incluyó en el acuerdo de gobierno de ambas formaciones. Pero, más allá de ser un compromiso electoral, es una necesidad para construir el proyecto transformador de ciudad que ambas formaciones propugnan y que la ciudadanía espera, especialmente su base electoral. Transformar la ciudad, recuperarla para la ciudadanía, requiere recuperar la calle en su sentido más literal y físico. La ciudad es lo que es su espacio público ―sin espacio público no hay ciudad― y este es la proyección del statu quo. Cómo se reparte su uso, qué se prioriza o qué se permite es un reflejo de lo que nuestra sociedad es, pero también de para quién se gobierna. Peatonalizar, estableciendo un reparto equitativo en el uso del espacio público, es gobernar para toda la población ―todos somos peatones y peatonas―, a favor de la mayoría social. Peatonalizar, recuperar el espacio público para la ciudadanía, es así imprescindible para recuperar la democracia.

Actuar sobre la movilidad, peatonalizar, recuperar el espacio público constituyen además la manera más barata y factible de provocar esa transformación de la ciudad. Probablemente sea la única posible en las actuales circunstancias presupuestarias ―el tiempo de los grandes y costosos proyectos pasó―. De otro modo, se podrán resolver problemas, atajar situaciones, quizás cambiar inercias, pero será difícil provocar cambios profundos que vayan más allá de la eventualidad de una legislatura o de unos presupuestos. Toda la ciudad, todos los barrios merecen y necesitan esta recuperación del espacio público para la ciudadanía, pero el tiempo es limitado y hay que empezar, como decía antes, por enclaves estratégicos.

Por todo eso, Cádiz debe peatonalizar su Casco Histórico en esta legislatura.

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