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Mingorance
Imagen: Pedripol

Estudié la licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Allí aprendí muchas de las cosas por las cuáles decidí comprometerme como activista y como militante. Algunas de ellas dentro de las aulas, gracias a docentes que fomentaban de forma maravillosa el espíritu crítico y la reflexión. Otras muchas a través de debates con compañeros y compañeras de clase en los patios de la facultad o en la cafetería. Pero lo que más me marcó fueron las vivencias colectivas en encierros, huelgas, campañas y manifestaciones luchando contra el Plan Bolonia, la subida de tasas en la universidad, el 3+2 o las “tarjetas black” de la UCA.

Nuestro modelo era una Universidad pública, laica, gratuita, feminista y de calidad y luchábamos por la gratuidad del B1, por el pago fraccionado de la matrícula o porque no se expulsara de la Universidad a alumnos y alumnas por dificultades económicas en un contexto de crisis del capitalismo con consecuencias terribles para los y las de abajo en el que aún nos encontramos.

Como olvidarme de la solidaridad de los y las trabajadores de la Universidad, muy especialmente de las limpiadoras, con nuestras reivindicaciones que intentamos devolverles en cada oportunidad. Ellos, y sobre todo ellas, sabían que peleábamos por el derecho a la formación de las personas de clase trabajadora, por que la Universidad no volviese a ser un espacio donde sólo hubiese lugar para “la excelencia”, tema que casi merecería un artículo específico, o “para quien pudiese costeársela”. Luchábamos porque la Universidad no fuese “reformada” a imagen y semejanza del todopoderoso Mercado que podíamos sentir a cada paso cuando nos topábamos con las oficinas del Banco Santander metidas de lleno en nuestras facultades. Un modelo que se empeñaban en construir tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, de acuerdo, una vez más, en lo fundamental.

No conseguimos todo lo que nos propusimos pero fueron años de movilización intensa donde fuimos capaces de arrancar medidas concretas a la UCA y a la Junta de Andalucía, como el pago fraccionado de la matrícula o la paralización de la subida de tasas. Mientras desde los movimientos en defensa de la Educación Pública hacíamos todo esto, parece que determinados políticos del Partido Popular buscaban la manera de sacar provecho personal gracias a su posición política. Raro, ¿eh? Nada esperable teniendo en cuenta su modus operandi.

El caso de la tesis de Cifuentes -tragada por la tierra o devorada por su perro, vete tu a saber- parecía insuperable. Resulta curioso que después de semanas de bochorno sin igual, de una mentira tras otra, la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid dimita a raíz del vídeo que todos y todas vimos en medios de comunicación. Da que pensar que en lugar de dimitir por posibles irregularidades en la obtención de su máster, por el caso Lezo o en su día por una política represiva insoportable como delegada del gobierno de Madrid, lo haga por “un delito de pobres”. Desde luego para el PP esto resulta mucho más cómodo. Huele a mafioso el proceder de quien sea guardando ese vídeo durante años y filtrándolo justo en este momento. Consecuencia: sacrificio de Cifuentes.

Pero en Cádiz el PP no iba a ser menos y como aquí no nos falta de nada, tenemos el caso de la tesis de Romaní. Resulta que mientras era presidente de Aguas de Cádiz, la empresa pública pagó 42.000 euros durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa, organismo dirigido por Carlos Guillén, director de su tesis. De casualidades está llena la vida, no seamos mal pensadas.

El motivo de estas facturas, que además presentan irregularidades, fueron la celebración de unas jornadas donde no está claro el rol de la empresa, cuyo patrocinio ni siquiera aparece por ningún lado, y un supuesto informe cuyo tema era el mismo que el de la tesis de Romaní. Más casualidades. Lo que asombra y resulta grave es que este informe no consta ni en la Universidad de Cádiz ni en Aguas de Cádiz, que en teoría es quien lo encarga. Será otra casualidad, pero ¿qué justificación puede tener subvencionar un informe con dinero público que en ningún momento es usado por la empresa ya que no hay registro del mismo? Además, estas facturas se pagaron con una prisa sin igual; mientras que el plazo normal de pago era de 85 días, estas facturas se pagaron en 28. Por si fuera poco, nos hemos enterado de que Romaní debe tener superpoderes porque es capaz de hacer una tesis en un año, más si cabe siendo al mismo tiempo concejal de nuestra ciudad, cuando el plazo medio es de tres. Parece que sí, que tuvo muchos superpoderes para realizar su tesis porque el hecho de que le pagase con dinero público a su director…fue pura casualidad.

Por lo pronto desde el Gobierno Municipal y Aguas de Cádiz se están haciendo los deberes y hay una clara voluntad de esclarecer este asunto. No sé si se encontrarán las pruebas para demostrar que es lo que realmente sucedió y ni siquiera tengo la certeza que, de hacerlo, los hechos fuesen constitutivos de delito. Por desgracia estamos más que acostumbrados y acostumbradas a ver cómo la Justicia actúa en no pocas ocasiones de forma terriblemente desigual en función de quien se sienta en el banquillo.

Lo que tengo claro es la falta absoluta de ética en todo este asunto. Me llena de rabia pensar que los mismos años en los que mis compañeros/as y yo nos dejábamos la piel defendiendo la Universidad Pública, los de siempre pretendían usarla como cortijo. Ya se sabe que les gusta hacer y deshacer y, por desgracia, han tenido el poder para hacerlo. Por eso, una vez más, hay que darle la vuelta a todo. Hay que llenar de democracia, en el sentido más amplio de la palabra, cada rincón de la sociedad para que la impunidad deje de una vez por todas de campar a sus anchas.

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