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Terminaba mi artículo anterior resaltando la necesidad de situar la educación cívica en lugar destacado dentro de las prioridades de la acción política de los gobiernos locales. Sabido es que por educación cívica se entiende aquella que asume pero que a la vez trasciende la educación desarrollada tanto en el ámbito escolar como en el entorno familiar; además no es una experiencia que deba ejercitarse sólo en las edades más tempranas, sino que concierne a toda la ciudadanía en su conjunto y a lo largo de toda la vida de las personas. Considerar que la educación, hoy, es una tarea restringida a la institución escolar y a la familia, y específicamente referida a determinado grupo de edad, constituye un malentendido con consecuencias negativas respecto a temas y asuntos de importancia vital para el aprendizaje y práctica de la convivencia en democracia.

De estas primeras consideraciones surge la necesidad de implicar en esa tarea a todos los que suelen denominarse “agentes sociales” de la ciudad, que incluyen desde las empresas hasta las instituciones educativas; desde las asociaciones vecinales y de otro tipo hasta colegios y colectivos profesionales; desde artistas hasta la ciudadanía en general… Y por supuesto, es indispensable la iniciativa de los gobiernos locales, como impulsores y coordinadores de lo que ha venido en llamarse Proyecto Educativo de ciudad. En definitiva, es la ciudad en su conjunto y en su integridad, la que debe erigirse en elemento favorecedor del compromiso con la educación cívica.

Por tanto, no parece desacertado decir que la ciudad, o es educadora o no es propiamente ciudad. Pero esta afirmación, que considero evidente por sí misma (axioma), ha sido escasamente asumida tanto por los responsables políticos de las ciudades, que simplemente la han obviado, como por la propia ciudadanía, que no ha sentido al parecer la necesidad de reivindicarla con la suficiente determinación. Hay que reconocer y aplaudir, no obstante, las iniciativas y experiencias que muchas escuelas e institutos vienen desarrollando en los centros, a pesar de que el Partido Popular eliminase en su día, con pueriles razonamientos, la asignatura de Educación para la Ciudadanía. No es el caso de los gobiernos locales, en su mayoría, empeñados a menudo en la práctica de una contrapedagogía que, como en Cádiz concretamente, recibe a modo de indeseable herencia una ciudadanía maltratada por unos representantes políticos empeñados (por acción y/u omisión) en la desactivación de la cultura cívica. Desactivación que se ha materializado vía manipulación informativa, cultivo del clientelismo, fomento del individualismo mercantilizado, escamoteo o eliminación de cauces participativos, abuso de poder…

Pero es momento de mirar hacia el futuro, aun teniendo al mismo tiempo muy presente la memoria del pasado, pues a pesar de la dejadez casi generalizada, contamos con valiosas experiencias en la conformación de la ciudad como ámbito y como agente educador de la sensibilidad cívica y democrática. Por citar un ejemplo, recordar que ya en 1990 en la ciudad de Barcelona se celebró el primer Congreso de Ciudades Educadoras, un movimiento que ha llegado a alcanzar dimensiones internacionales. A raíz de aquella iniciativa, algunas ciudades españolas se adhirieron al movimiento. En nuestra provincia es destacable el caso de Puerto Real, con una gran implicación y amplios desarrollos del proyecto.

Por tanto, a pesar de las insuficiencias, confiemos en que los tiempos, las circunstancias y las nuevas sensibilidades ciudadanas van a resultar elementos propiciatorios para retomar la estimulante e indispensable tarea de educarnos para una mejor convivencia en una democracia mejorada.

Fotografía: José Montero

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