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A luna
Fotogrfía Jesús Machuca

Se sostiene con frecuencia que España es el segundo país más ruidoso del mundo, tras Japón. Así es que Cádiz, o cualquier otra ciudad española, bien podría ser la ciudad más ruidosa de Occidente. Pero poco importan rankings a muchos gaditanos que viven un infierno bajo su balcón, ya sea en forma de intenso tráfico de una avenida o en forma de bar de copas, de esos que cierran a diario a las 3 de la madrugada, los fines de semana, a las 4 y en Navidad, Semana Santa y fiestas locales, a las 5.

El ruido es, paradójicamente, un tema poco ruidoso, poco llamativo. No es un gran tema urbano que se sitúe en el centro de las políticas y la planificación de las ciudades. No se hablaría de él ni se actuaría si no fuera por las quejas de los afectados ―y aún así―. Es más, es un problema que se trata de silenciar ―por desgracia solo en sentido figurado―, pues afea la fiesta infinita e imposible que algunos proponen como única salida económica de nuestros pueblos y ciudades y enfrenta a muchos responsables públicos con su falta de imaginación en relación a las políticas de desarrollo local. La componente ambiental siempre fastidia los bonitos planes de algunos, pero el ruido más pues es más difícil de integrar. Obliga a actuar principalmente en dos actividades, el tráfico motorizado y el ocio nocturno, de difícil contención y que tocan hábitos sociales y patrones culturales. Ningún alcalde quiere que le pongan la etiqueta de aguafiestas. Como demuestra la historia municipal reciente de nuestro país, para muchos, antes prevaricar que aguar la fiesta.

Pero también, el ruido es quizás la forma de contaminación de la que menos conciencia social hay de los daños que puede provocar. Hay quien dice que es porque no se ve, ni se toca, ni se huele. Y, sobre todo, no se acumula. Desaparecida la emisión, no deja rastro aparente ―solo aparente―.  Y esto hace que sea mucho más difícil de asumir como problema ―por los que lo provocan y por los que tienen la responsabilidad de controlarlo―. Y eso hace también que pueda resultar devastador. Pues el ruido tiene, sin embargo, efectos muy negativos en la calidad de vida y la salud de las personas y afecta de manera preocupante a amplios sectores de la sociedad. De los efectos sobre la fauna urbana y doméstica ni hablamos. Se estima que en España, nueve millones de personas soportan niveles de ruido superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En Cádiz, el diagnóstico realizado en el Barrio de La Viña para la elaboración del Plan Local de Salud pone de manifiesto la importancia del problema en la ciudad.

Así, las consecuencias sobre la salud provocadas por el ruido son reconocidas y graves, aunque socialmente subestimadas. Más allá de los efectos auditivos, el ruido ambiental tiene efectos cardiovasculares, como el incremento del riesgo de infarto de miocardio, hipertensión e isquemia; genera estrés, que afecta al sistema hormonal y al sistema inmune, elevando los riesgos de infecciones; reduce el rendimiento escolar y laboral; puede afectar al desarrollo fetal y el crecimiento y desarrollo de niños prematuros; puede acelerar e intensificar el desarrollo de desórdenes mentales, por citar algunas de las consecuencias de mayor evidencia científica. Pero quizás la consecuencia más evidente y que afecta a sectores más amplios de la población española, un 25% según algunos estudios, es la perturbación del sueño, que conlleva además efectos psicofisiológicos, fatiga, depresión, estrés, irritabilidad, reducción del rendimiento, cambios de comportamiento social… De ahí la importancia de controlar y reducir el ruido ambiental en general, pero especialmente el nocturno.

El tráfico es la principal causa de ruido en las ciudades, pues no se trata de focos localizados sino dispersos y que abarcan toda la ciudad ―la ciudad moderna es en primera aproximación un conjunto de parcelas edificatorias rodeadas de redes viarias―. Se estima que el tráfico es responsable de en torno a un 80% de la contaminación acústica que soportamos. Así se constata en los mapas estratégicos de ruido elaborados en las principales áreas urbanas. Estos mapas, que la normativa europea de ruido y su transposición a la legislación española obligaban a tener realizados de cada aglomeración de más de cien mil habitantes antes del 30 de junio de 2012, es a lo máximo que hemos llegado en Cádiz en las políticas de lucha contra la contaminación acústica. Los mapas estratégicos de ruido, simulaciones que consideran tan solo y de forma teórica el ruido viario, ferroviario e industrial, constituye el primer paso de un proceso de planificación que tendría que haber concluido en 2014 con la elaboración de planes de acción para las zonas en las que se incumplieran los objetivos de calidad acústica. En Cádiz, sin embargo, nada se ha hecho desde 2012. Es más, la ordenanza municipal de protección del ambiente acústico data de 2001, mientras que la Directiva europea es de 2002, la Ley estatal del ruido de 2003 ―y su desarrollo reglamentario de 2005 y 2007― y el Reglamento andaluz de 2012, por lo que aquella se encuentra obsoleta. Otra despreocupación del anterior equipo de gobierno que la inercia de las cosas no ha conseguido aún cambiar.

Frente a ello, los resultados del Mapa Estratégico de Ruido elaborado por el Laboratorio de Ingeniería Acústica de la Universidad de Cádiz son espeluznantes. 67.300 habitantes de Cádiz están expuestos a niveles de ruido que superan el objetivo de calidad acústica en horario nocturno (55 decibelios, dB), es decir, un 54% de la población de Cádiz en 2012. De aquellos, 25.600 habitantes, es decir, un 20% de las personas residentes en Cádiz, están expuestas a más de 65 dB en horario nocturno, lo que supone que presumiblemente sufren graves perturbaciones del sueño. Y de día, casi 32 mil habitantes (22,7%) están expuestos a más de 65 dB, el objetivo de calidad acústica diurno. Estos datos requieren una actuación urgente ―urgente en 2012― a través de la elaboración de mapas singulares y planes zonales de acción para conseguir la progresiva mejora de la calidad acústica de las zonas afectadas. La normativa estatal y autonómica de ruido obliga a ello y marca plazos estrictos para elaborarlos. Planes que se podrían haber elaborado con una mínima parte de lo que el Ayuntamiento de Cádiz se gastó esos años en publicidad y autobombo.

El mapa estratégico de ruidos, sin embargo, supone un enfoque inicial e incompleto. No tiene en cuenta la fuente de ruido que constituye la pesadilla de cientos o miles de gaditanos, el ocio nocturno, que requiere un análisis más detallado mediante la elaboración de los mapas singulares y los planes de acción antes citados. A pesar de lo localizado que pueda parecer el problema, si hacemos un recorrido por la  prensa local de toda España llegaremos a la conclusión de que el ruido provocado por el ocio nocturno es un problema grave que afecta a una parte importante de la ciudadanía. Casi en cada ciudad española se repiten los mismos comportamientos, los mismos problemas, las mismas respuestas. También, tras ese recorrido, podremos concluir que los ciudadanos que sufren estos problemas, a pesar de tener la ley de su parte, se encuentran muy frecuentemente con el abandono, la incomprensión y la inacción por parte de los ayuntamientos, administraciones competentes en la materia. La postura habitual de estos es tratar de buscar un equilibrio entre los intereses empresariales del sector hostelero y la reivindicación del derecho al descanso de los vecinos. Una vía que se muestra por lo general infructuosa ―tratar de conciliar ambas partes suele significar condenar a una de ellas a no conciliar el sueño― y que genera en los afectados una respuesta “lucha o huye”. Pura supervivencia.

La huida ―o el intento de huida― es la estrategia más habitual. El ruido es uno de los factores que más ha influido en el éxodo desde la ciudad compacta hacia la ciudad difusa en las últimas décadas. La búsqueda de la tierra prometida en suburbios residenciales de la periferia, carentes de servicios pero sobrantes de tranquilidad. Ahora, el ruido vuelve a ganar importancia como factor de expulsión de población local en la era de la gentrificación turística. En Cádiz, basta asomarse a la calle Zorrilla y contemplar el panorama de carteles de ‘se vende’ para comprender el impacto del ruido provocado por la hostelería sobre la población residente y la vivienda. El futuro de calles como esa, y de gran parte del Casco Histórico de Cádiz, parece abocado, si no se actúa, a la especialización en el alquiler turístico, único uso residencial que puede ser compatible con el crecimiento desbocado de bares y terrazas en los últimos años. Más leña al fuego.

Pero no todos pueden huir. Una somera prospección por las casas de vecinos en zonas afectadas por ocio nocturno permite descubrir diferentes realidades. La de los que tienen mayor poder adquisitivo, que en muchos casos cuentan con una segunda residencia, y huyen cada fin de semana de Cádiz ―y en uno de esos quizás deciden no volver nunca―. Otros muchos, la mayoría, no puede permitirse esa posibilidad y se juegan la de descansar a cómo de animada se presente la noche. Hay quien intenta bunkerizar su vivienda, acondicionarla acústicamente, con un éxito bastante limitado. Tampoco eso está al alcance de cualquiera. Hay gente muy mayor también, viviendo en condiciones muy precarias, sin apenas salir de sus casas y sin apenas poder descansar. El ruido, también el ruido, se ceba con la gente con menos recursos económicos.

La de la lucha es una vía lenta y dolorosa, solitaria en muchos casos, aunque cada vez más vecinal y colectiva, pero que ha dado lugar a una consolidada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que no hace sino constatar que el ruido atenta contra los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica (art.15 Constitución Española), a la intimidad personal y familiar (art.18.1) y a la inviolabilidad del domicilio (art.18.2), así como contra los derechos a la protección de la salud (art.43) y a disfrutar de un medio ambiente adecuado (art.45). Luchas que han dado lugar también, en los casos más graves y dado que la emisión de ruidos puede ser constitutivo de delito (art.325 del Código Penal), a multitud de sentencias condenatorias con penas de cárcel para los hosteleros infractores, que han llegado incluso a 6 años de prisión. Pero también para los responsables municipales que han desoído las quejas vecinales, con condenas por prevaricación medioambiental. Los defensores del pueblo, habituales receptores de las quejas de la ciudadanía desesperada, han dado un golpe en la mesa y reclaman a las Administraciones públicas medidas efectivas para proteger el derecho al descanso.

En Cádiz, las protestas vecinales, protagonizadas principalmente por los vecinos de Muñoz Arenillas y algunas zonas del centro, consiguieron en la década de 2000 la declaración de zonas acústicamente saturadas (ZAS) de esos ámbitos: calle Muñoz Arenillas, calle Zorrilla, plaza Mina y parte de calle Rosario, que fueron incorporadas al PGOU en 2012. Esto permite al Ayuntamiento limitar horarios y la concesión de nuevas licencias. Pero la regulación llevada a cabo ha sido muy tibia. Los vecinos deben seguir permanentemente reclamando que no haya una vuelta atrás y  se siguen otorgando licencias y abriendo bares en las zonas declaradas. Siguen primando los objetivos de generación de actividad económica y el victimismo de los hosteleros por encima de los derechos fundamentales de los residentes. Además, las ZAS definidas han quedado obsoletas ante la extensión de la actividad hostelera.

El ocio nocturno es irreconciliable con el uso residencial, al menos lo es en nuestro país, al menos en tramas urbanas como la de Cádiz. Esta es la conclusión más importante que es necesario asumir por todos, especialmente por los responsables municipales, porque es la única forma de apuntar a las soluciones adecuadas. Los ayuntamientos tienden a tratar de mediar, quedar bien con todos, buscar soluciones intermedias. Pero no se puede poner en una balanza el derecho al descanso y a la intimidad con un aprovechamiento económico, no hay equidistancia posible al problema. Tratar de buscar un equilibrio es abandonar a su suerte a las víctimas, significa forzarles a aguantarse y someterse, a consentir en alguna medida la violación de su derecho al descanso.

El aislamiento de los locales deja en general mucho que desear y la manipulación de equipos y limitadores de sonido es una práctica habitual. Un simple requerimiento de oficio por parte del Ayuntamiento de documentación que acredite su adaptación a la normativa de contaminación acústica dejaría a gran parte de ellos fuera de juego. Es más, el control de los registros de los limitadores por parte del Ayuntamiento conduciría con toda seguridad a abultadas sanciones y a solventar en gran medida el problema. Pero esta es la parte fácil.

La mayor parte del problema, sin embargo, no se genera dentro de los bares sino que lo causa la concentración de personas en la calle, ya sea en terrazas instaladas hasta altas horas o por gente que sale a fumar de los establecimientos o viene y va. Un reducido grupo de personas discutiendo pamplinas en la calle supera con facilidad los 70 dB dos o tres pisos más arriba. La dificultad para evitar esto evidencia la incompatibilidad entre el uso residencial y hostelero a partir de cierta hora de la noche. Pero la postura habitual del sector de desvincularse de lo que la gente hace fuera de sus locales es ridícula y ofende a la inteligencia. Es una obviedad que la concentración y trasiego de personas se debe a la presencia de bares y si estos no estuvieran no habría gente a esas horas en esas calles. Su motivación para estar allí es el bar y a este es al que hay que hacer responsable del impacto que genera su actividad. Lo contrario, es una estrategia típica de privatización de beneficios y socialización de costes.

Si las políticas de movilidad sostenible permiten augurar una progresiva reducción del ruido provocado por el tráfico, la profundización en el monocultivo turístico no permite albergar las mismas esperanzas con el ruido provocado por el ocio nocturno. Las soluciones son sin embargo obvias, por más que a algunos les cueste asumirlas, y pasan necesariamente por reducir horarios a los establecimientos que estén integrados en zonas residenciales y segregar fuera de dichas zonas al ocio nocturno propiamente dicho. Los actuales horarios de apertura y cierre de establecimientos públicos, regulados por una Orden de la Junta de Andalucía, son incompatibles con el descanso. Se puede pedir a la vecindad que soporten una actividad normal de hostelería hasta las 12 de la noche, pero más allá no hay justificación posible. Que la fiesta continúe pero no debajo de la almohada de nadie.

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