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Comenzaré con un ejemplo. Unos concejales del Ayuntamiento de esta ciudad tienen conocimiento de determinados acuerdos del Equipo de Gobierno municipal que consideran contrarios a los intereses de esta ciudad. Conocer dichos acuerdos no es complicado. El orden del día de la Junta de Gobierno se publica en la página web www.transparencia.cadiz.es; igual ocurre con las actas donde se especifican los acuerdos adoptados, consignando el número de expediente de cada uno de ellos.

El reglamento municipal permite que cualquier concejal pueda solicitar ante la Secretaría del Ayuntamiento acceso a cualquiera de esos expedientes; lo que nunca, como es lógico, ha sido denegado. Ni antes, ni ahora.

Pues bien, dichos concejales, miembros de un grupo de la oposición, tras conocer una decisión del Equipo de Gobierno que consideran perjudicial para los intereses de esta ciudad deciden combatirla, no ya políticamente sino judicialmente. En el caso que nos ocupa, la cuestión de la accesibilidad se hace aún más evidente porque a dicha decisión del gobierno municipal le continúan otras de determinada Consejería de la Junta de Andalucía que son publicadas, para mejor acceso de los citados concejales (pero también del resto de vecinos y vecinas de esta ciudad), nada más y nada menos que en el Boletín Oficial autonómico.

La judicializacion de la politica en cadiz
Ilustración: Pedripol

Para los citados concejales dichas decisiones son muy graves, incluso hasta el punto de considerarlas delictivas. Conforme a ello, deciden denunciar, querellarse, presentarse ante el Juzgado de Guardia y designar como principal responsable penal al alcalde de esta ciudad.
Sin embargo obvian un asunto crucial, o al menos a mí me lo parece, tan importante sería pedir responsabilidad penal a quienes han tomado tan malas decisiones en contra del interés colectivo, como poner un mínimo empeño en paralizar los efectos perniciosos que dichas decisiones tienen y más aún intentar revocarlas judicialmente.

Para ello existen otra vía distinta a la denuncia penal, la del procedimiento administrativo, que viene a consistir en intentar convencer a la administración de que se está equivocando y que es mejor rectificar a tiempo (por el bien de todos, en este caso). También existe la vía judicial, pero no la penal, sino la contencioso-administrativa, que posibilita que -como medida cautelar y antes de que se dicte una sentencia- un juzgado paralice los efectos de las resoluciones políticas si se da el condicionante de que la gravedad de las mismas puede producir, como según dichos concejales dicen que ocurre, graves perjuicios a los que públicamente se refieren.

Sin embargo, la decisión de solo transitar la vía penal y obviar el intento de dejar sin efectos las consecuencias presuntamente perniciosas de dicha decisión del equipo de gobierno por las vías que así lo permiten, tiene una única finalidad, imposible de ocultar, incluso diría sin afán de disimular: la foto del alcalde entrando a declarar en los juzgados en calidad de investigado, de acusado, de posible reo, de delincuente. Una fotografía interesante para el adversario político.

En breve veremos en qué queda esto. Quizás resulte muy partidista (de tomar parte, no de partido) si hago público que barrunto que acabará en nada. Mientras esto escribo, ya se ha resuelto. Denuncia archivada.
Pues esto ha pasado y pasa, aquí en Cádiz. Podría contar algunos otros ejemplos, como la de aquel otro grupo de la oposición cuyos miembros tienen una dilatada experiencia en esto de ejercer el gobierno de la ciudad, pero pese a lo cual se plantea a través de sus concejales inundar la Alcaldía de solicitudes de información reiteradas, no pocas de ellas de imposible contestación puesto que requieren informes, datos como “¿Cuántas multas se han tramitado de ciclistas cruzando los pasos de peatones? “¿Cuántas personas acudieron a tal evento? datos que no constan de manera tan específicas en las áreas competentes del Ayuntamiento. Preguntas que solo pretenden acudir también por la vía penal al juzgado de guardia a denunciar -con el consiguiente paseíllo del alcalde como investigado- que no se les da acceso, como es su derecho, a la información solicitada. Por cierto, otra denuncia que ya ha sido archivada definitivamente por inverosímil del contenido de esta.

Se podrá decir que me estoy refiriendo a algo que ocurre en otras latitudes políticas. Un fenómeno que se ha venido a llamar la judicialización de la política por los políticos con evidente interés partidista. Parece que a cualquier partido político le pone ver a su rival haciendo el conocido paseíllo del banquillo de los acusados.

Es posible, pero eso no quita aquello que me predijo hace ya algo más de tres años un conocido político aún joven, pero con alguna decena de años dedicándose profesionalmente a la política: “si vas a seguir siendo el abogado de Kichi, vete preparando, alguien tan poco preparado como él va a pasar más tiempo en los juzgados que en San Juan de Dios”.

Kichi es profesor, aprobó unas oposiciones para ello. Previamente trabajó de interino, estuvo liberado una parte muy mínima de todos los años que lleva trabajando en la docencia por un sindicato al que se le conoce una importante implicación en los centros de trabajo. Anteriormente, mientras estudiaba, trabajó en otras muchas otras cosas que suelen trabajar quienes necesitan costearse sus estudios. Pero esto sólo se refiere a su experiencia digamos laboral, luego está su personalidad y, cómo no, la valía (por eso está donde está) de la organización política por la cual se presentó para Alcalde, la valía de los militantes de dicha organización, la valía de los candidatos y candidatas en aquellas elecciones de hace ya casi cuatro años que le acompañaron, y sin duda la valía de la ciudadanía de Cádiz que tomó una decisión, democrática; la de impedir mayoritariamente que el anterior equipo de gobierno continuará gobernando.

Esa decisión tiene un coste que explica, entre otras cosas y en nuestro universo local, la judicialización de la política. Al menos esa es mi conclusión y algo sé del asunto; lo cual no quita que pueda estar equivocado. Que cada cual saque la suya.

Entre tanto me apropio de una afortunada reflexión publicada no hace mucho por un asiduo colaborador de El Tercer Puente, Miguel Ángel García Argüez: “Cádiz es una Arcadia con su reverso tenebroso”. No sé a qué se estaba refiriendo él, no he tenido oportunidad de preguntárselo; pero a mí, cierto clasismo, determinadas ínfulas aristocráticas recicladas en superioridad tecnócrata y licenciada que pulula por algunos ambientes de esta ciudad, me parece de lo más tenebroso, sobre todo cuando juzgan la preparación y los méritos de quienes no provienen de donde ellos.

La judicialización de la política en Cádiz
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