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Diego bozaIlustración: Pedripol

A estas alturas hasta aquellos que nunca pisaron los alrededores de una Facultad de Derecho conocen al artículo más famoso de nuestra Constitución. El artículo VIP entre los artículos constitucionales ya sabemos que funciona como una cláusula de cierre del Estado autonómico.

La lógica es aplastante, si el poder de las Comunidades Autónomas proviene de una cesión por parte del Estado en cumplimiento de las reglas constitucionales, si alguna de las Comunidades Autónomas se salta esas normas de la Constitución, el Estado está legitimado para limitar, suspender o cercenar esos poderes autonómicos hasta que la Comunidad díscola vuelva al redil de lo constitucional.

Ese artículo, copiado de la Constitución alemana, porque con las constituciones como con los coches, todo lo bueno viene de Alemania, está a punto de ser aplicado a Puigdemont y su Generalitat. Y precisamente ahora que nos encontramos en ese proceso me ha entrado la duda de por qué no se amplía ese 155.

Que no es que yo le coja gusto a eso de recentralizar como los del PP que ya han dicho que detrás de Catalunya van, por este orden Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra. Lo que yo me planteo que la misma lógica permitiría revocar otros poderes delegados.

Sin ir más lejos, la Constitución considera que la soberanía surge del pueblo español. ¿Por qué ese mismo pueblo no tiene la potestad de revocar a quienes gestionan esa soberanía cuando incumplen las reglas constitucionales? Al fin y al cabo, también son poderes delegados que el delegante puede recuperar.

Por ejemplo, la posibilidad de retirarles las competencias a los gobiernos de partidos corruptos que han ganado las elecciones mediante financiación irregular que les permitía competir en mejores condiciones frente a sus rivales. A gobernantes que incumplen derechos constitucionales como el de la vivienda sin sonrojarse convirtiendo un derecho en un objeto de mercadería. A ministros que deciden saltarse sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque no les resultan adecuadas para sus políticas. A políticos que se olvidan de las penurias y necesidades que pasan sus conciudadanos, que se olvidan del derecho al trabajo, del derecho a la dignidad de la persona…

Ya, ya sé que para nuestro 155 se llama elecciones. Pero para eso hay que esperar cuatro años. Y a Puigdemont no le han esperado tanto.

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