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Antonio luna

Fotografía: Jesús Massó

El patio trasero del litoral gaditano

El verano parece no acabar nunca. En las puertas de noviembre, nos ponemos una rebequita, si acaso un instante, no porque apetezca sino para recordar cómo nos queda. Vivimos un eclecticismo estacional, en el que se asan al mismo tiempo castañas y sardinas y merendamos churros con helado de chocolate. Los veraneantes, esos que antes marcaban con su presencia la duración del verano y definían con su ausencia el concepto de normalidad, parecen ahora no irse nunca. Los chiringuitos se niegan a desmontar y han decidido por su cuenta que la temporada de playa continúa hasta el infinito y más allá. Los empresarios del sector turístico, en general, sueñan con acabar con la estacionalidad, esa condición del sistema que ellos interpretan como un desajuste corregible. Y le ponen velas al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático para que no se equivoque en sus predicciones y que cada año se parezca más a un veraño. Porque, no nos engañemos, lo que tira del turismo en destinos como Cádiz es el sol y playa, que cultura hay una jartá en todas partes y sin embargo este clima es casi exclusivo.

Y como la normalidad parece no llegar nunca, el momento de hacer balance tampoco. Si es que este alguna vez se hace de forma seria. Porque en el litoral, sin duda, se está llevando a cabo una política de patio trasero. Mientras se construye una fachada cosmética, de oferta turística de aparente calidad, el patio trasero esconde una realidad muy diferente, que por lo general pasa desapercibida a los visitantes. En el patio trasero se arrumban los trastos, se almacena todo lo que se quiere quitar de la vista, incluso se acumula la basura. Pero además es un escenario de película de cosas feas, inconfesables e ilegales.

La imagen de paraíso costero que se va creando allende nuestras fronteras, y que atrae a una cada vez más numerosa y diversa en origen población visitante, no supera una mínima evaluación de sostenibilidad del sistema que la soporta. En la costa de Cádiz es posible alojarse en hoteles de ensueño que ni sueñan con cumplir la legalidad urbanística. O elegir entre miles de casas y apartamentos de alquiler a los que no les falta un detalle pero a los que tampoco les sobra un papel —le faltan y muchos—. O comer en restaurantes de esmerado servicio pero sin licencia para prestarlo.

La Fiscalía de Medio Ambiente lleva dos años consecutivos alertando del repunte de la construcción ilegal en la provincia, que tiene en la franja litoral su zona caliente, tras una tendencia a la reducción desde el inicio de la crisis. Ni los suelos especialmente protegidos se libran de la presión de la construcción ilegal, incluso dentro de los límites de Parques Naturales. La fiscalía pone el acento en la permisividad de los ayuntamientos ante esta práctica, que o bien no incoan expediente de disciplina urbanística o si lo hacen lo dejan morir de risa. Esto ha generado un efecto llamada que ha conducido al actual panorama del litoral de la provincia salpicado con decenas de miles de viviendas ilegales. Hasta tal punto esa permisividad es conocida y asumida que en algunos municipios hay instalado un modus operandi consistente en que el propietario o constructor que va a construir la vivienda ilegal, una vez iniciada la obra, se autodenuncia en el ayuntamiento para bloquear la intervención de la Administración Autonómica. El ayuntamiento abre un expediente disciplinario y da orden de paralizar la obra, pero ahí queda todo. Orden que propietario y constructor no atienden y la obra continúa hasta ser finalizada. Y con el tiempo el procedimiento disciplinario caduca y se archiva. Pura política de patio trasero.

Y más allá, algunos ayuntamientos toman partido sin tapujos a favor de los propietarios de construcciones ilegales al negarse a ejecutar subsidiriamente las escasas sentencias firmes de derribo que se llegan a emitir. Hace ahora un año, el entonces alcalde de Chipiona dimitía aduciendo no ser “moralmente” capaz de cumplir el mandato judicial de derribar 29 viviendas irregulares. Con más de cien sentencias pendientes de ejecución en la provincia, algunas desde 2008, y tan solo dos ejecutadas el pasado 2016, no es de extrañar que la Fiscal de Medio Ambiente avise del inicio de acciones penales por desobediencia contra los ayuntamientos.

Los intentos de poner orden en este desastre a través de la planificación urbanística no parecen tener tampoco mucho éxito, y los procedimientos de redacción y aprobación de planes generales de ordenación urbanística se dilatan durante años. Por un lado, porque resulta difícil o imposible encajar los crecimientos urbanos realizados fuera de toda ordenación y control. Por otro lado, porque los propietarios, convertidos en lobby de presión municipal —en algunas localidades han condicionado las elecciones municipales, incluso presentándose a las mismas con un partido político propio—, no siempre están dispuestos a aceptar cualquier solución ni las consecuencias que conlleva la legalidad, principalmente pagar la urbanización de su sector y ceder suelo o sufrir expropiaciones para la creación de viarios, zonas verdes u otros servicios generales. Por ello, los propietarios de viviendas ilegales que han llegado a formar núcleos de población suelen centrarse en reivindicaciones concretas como conseguir abastecimiento de agua o el asfaltado de caminos, pero no suelen reclamar la legalización de sus núcleos.

Dos de los municipios costeros más afectados por la vivienda ilegal, Chiclana y Barbate, llevan así dilatando el proceso de renovación de su planificación urbanística durante años. El caso de Chiclana es paradigmático de la aplicación de una política de hechos consumados, que trata de dar carta de naturaleza a una situación urbanística descontrolada fruto de tres décadas sin actualizar su planificación municipal pero sobre todo de otras tantas décadas o más de inacción y permisividad. Chiclana ha vivido todo su desarrollo urbanístico moderno sin un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal que datan de 1987 y que han estado vigentes hasta su suspensión parcial por la Junta de Andalucía en 2013. Pura política de patio trasero. El actual PGOU, aprobado definitivamente en noviembre de 2016, prevé, además de la legalización de casi 13 mil viviendas, la construcción de más de 17 mil nuevas. Por este desmesurado e injustificado crecimiento y la ausencia de una evaluación ambiental estratégica del plan, este ha sido recurrido por Ecologistas en Acción, y el recurso admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En el caso de Barbate, por el contrario, el ayuntamiento ha dejado caducar la tramitación del PGOU tras 17 años de procedimientos, algo en lo que el descontento de algunos núcleos irregulares con las soluciones planteadas en el documento han podido tener mucho que ver.

El problema de la construcción ilegal no es simplemente de legalidad, como se pretende en muchas ocasiones hacer creer, sino que es ambiental y social. Porque supone un agotamiento del suelo y, especialmente en el litoral donde se produce de manera intensiva, ha arrasado con hábitats de gran interés como sistemas dunares y campiñas litorales. Porque tras las miles de viviendas ilegales hay miles de pozos ilegales, que someten a agotamiento y salinización a los acuíferos litorales, y miles de fosas sépticas, que suponen un gran riesgo de contaminación del suelo y los acuíferos. Porque destrozan el paisaje costero y han generado un crecimiento exponencial de la demanda de infraestructuras viarias, que tiene a su vez un elevado impacto sobre los sistemas litorales. Porque socializan los costes de los servicios urbanos a los que no contribuyen.

Pero la política de patio trasero del litoral gaditano no ha sido solo urbanística. Hay un problema de capacidad de carga del sistema, ampliamente sobrepasada y que tiene su reflejo más inmediato en la insuficiencia de las infraestructuras de servicios en el litoral. Ahora que tanto se habla de los impactos sociales del turismo de masas en la población local, poco o nada se ha hablado de la demanda de infraestructuras y servicios que genera la población estacional, turística o veraneante, que llega a multiplicar varias veces a la población residente de muchos municipios costeros. Chipiona pasa, en los meses de verano, de 15 a 85 mil habitantes —casi sextuplica su población—, Conil, de 17 a 58 mil o Rota, de unos 29 mil a 58 mil, por citar los tres municipios de la provincia con mayor variación estacional de población según la última Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales que elabora la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales. La infraestructura de abastecimiento y de saneamiento de agua, la de gestión y tratamiento de residuos o la de suministro energético, ya de por sí insuficientes en muchos casos, se ven ampliamente superadas en los meses de verano y suelen ser un quebradero de cabeza para los ayuntamientos, aunque por lo general el turista o veraneante ni se entera.

Solo la saturación de las infraestructuras viarias o de los aparcamientos de las localidades playeras tienen una repercusión inmediata en la población tanto local como estacional y suelen traducirse en una demanda de mejora o ampliación, como ya contábamos en un artículo anterior. Pero esa demanda de infraestructuras viarias contrasta con la escasa o inexistente, por ejemplo, sobre el deficiente tratamiento de aguas residuales o de residuos en gran parte de los municipios costeros de la provincia. Y, sin embargo, en 2011, el Tribunal de Justicia Europeo condenó al Reino de España por incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, que requería un tratamiento adecuado de estas antes del año 2000, para municipios de más de 15 mil habitantes, y antes de 2005, para municipios menores. Entre los 37 municipios incluidos en la sentencia, se encontraban cuatro gaditanos, Barbate, Chipiona, Vejer de la Frontera y Tarifa. Cinco años después, la Comisión Europea ha tenido que mandar de nuevo a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por incumplir la sentencia en 17 de los 37 municipios, entre los que siguen estando Barbate y Tarifa, y ha pedido que se le imponga una multa de 46,5 millones de euros. Pero es solo una parte. Ecologistas en Acción calcula que el 40% de la depuradoras de la provincia incumple la normativa y un 10% de los habitantes de la provincia, unos 120 mil, ni siquiera depuran sus aguas. Pura política de patio trasero.

El litoral es sin duda el ámbito más codiciado de nuestro territorio. Sobre él se sustenta el turismo de sol y playa, que representa la principal actividad económica de la provincia. Ello ha conllevado un esfuerzo por crear una imagen atractiva y de aparente calidad. Esfuerzo en el que todos, administraciones, empresarios, actores sociales…, parecen estar comprometidos, mientras los problemas se esconden a la vista en el patio de atrás. No existe lamentablemente ese mismo compromiso por limpiar el patio trasero.

Dicho de otro modo, aunque el litoral sea socialmente el ámbito más valorado de nuestro territorio, esa elevada valoración, lejos de garantizar su conservación, es garantía de agotamiento del propio recurso. La valoración social del litoral, aunque muy elevada, no es acorde con el valor que realmente tiene desde una perspectiva ecológica, cultural o histórica. Ese valorar tanto el litoral de esa manera lo está matando. Como dice el tango, no me quieras tanto, quiéreme mejor.

Antonio Luna del Barco

Cádiz 30 de octubre de 2017

 

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