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Ilustración: pedripolGonzalo grimaldi

En 2014, Rita María Ramos Romero se roció el cuerpo con gasolina en la oficina de Procasa. Habían intentado desalojarla hasta tres veces. Hace menos de un año, una mujer embarazada, usuaria habitual de los servicios sociales de Algeciras intentó quemarse a lo bonzo frente a su Ayuntamiento. En 2009, un vecino de Herreruela de Oropesa, Toledo, se quitó la vida en un camino rural prendiéndose fuego por las deudas acumuladas con el banco. En febrero de 2013 otra mujer se prendió fuego al grito de “¡Me lo habéis quitado todo!” en una oficina de Caixalmassora, en Castellón. En 2012, en Barakaldo, una ex-concejala del PSOE de 53 años, Amaia Egaña, se suicidó tirándose por el balcón de su casa, desde un cuarto piso, cuando la policía venía a desahuciarle por orden del juzgado. Un mes antes, en Granada, un hombre de la misma edad se ahorcó cuando se procedía a la ejecución del lanzamiento hipotecario de su vivienda.

En abril hizo dos años del fallecimiento del hombre de 36 años que se quemó a lo bonzo en la Delegación de Bienestar Social de la Junta de Andalucía de Málaga. Pasó un mes en coma en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Había solicitado una pensión no contributiva por discapacidad a esa Consejería que le fue denegada. Acudió a los tribunales y se le concedió una prestación social de algo más de 300 euros. El Ejecutivo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidida entonces por José Antonio Griñán recurrió y el Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) revocó la primera sentencia y le dio la razón a la Junta.

Es el mismo tribunal al que van a poder apelar Manuel Alexis González y Manuel Jesús Fuentes tras pillarse un calentón en un Pleno del Ayuntamiento en el que por motivaciones políticas, el Grupo Municipal del PSOE de Cádiz decidió continuar dilatando la aprobación de los presupuestos municipales del año pasado, alineándose con el PP.

Estos dos chavales han sido sentenciados por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz a un año de pena de cárcel y a pagarle unos simbólicos 100 euros al concejal del PSOE Fran González Pérez, quien a su vez fue calentado por su compañero de bancada, el concejal Juan Cantero, después de pasarse una media hora provocando a los asistentes, burlándose de estos con gestos, risas e insultos cuando no tenía el turno de palabra. Cantero había sido llamado varias veces a la atención por José María González Santos, Alcalde de Cádiz, a causa de su comportamiento. Todo esto lo sé porque también estuve personalmente entre el público de aquel pleno, y porque vi el video completo de la hora que precede a los sucesos varias veces para intentar comprender en todo lo posible lo sucedido. Y en ningún momento ninguno de los dos se dirigieron a los concejales del PSOE cuando afirmaron que “van a necesitar escolta para ir por la calle”.

Resulta que hay decenas de miles de vecinos de Cádiz que malvivimos en esta ciudad. Sobrevivimos a este desastre económico de ataque financiero en el que los dos partidos que han gobernado en España son corresponsables de la situación de extrema urgencia en la que gran parte de la población nos encontramos; situación que ha llevado a muchos al suicidio, al desastre, a la inmolación; nunca sabremos a ciencia cierta cuántos por pura desesperación y cuántos como protesta política.

En Andalucía hay un 43,2% de población en riesgo de exclusión social (3.620.684 personas), un 12,8% en pobreza extrema (1.075.000 personas) y un 8% que padece Carencia Material Severa (671.923 personas); datos que publica la EAPN-A, señalando la especial urgencia en auténticos agujeros negros de desempleo como la Bahía de Cádiz, la Bahía de Algeciras o las comarcas de La Loma, Sierra Mágina y Sierra Morena de Jaén, antiguos focos industriales todos ellos.

Bajo esta monarquía corrupta y comisionista de los grandes capitalistas, que son quienes en verdad dirigen el Estado y quienes han concentrado riqueza de forma acelerada en los últimos diez años mediante el proceso de desmantelamiento del sistemas de Cajas de Ahorro que se desarrolló aprovechando la coyuntura de la desbocada especulación inmobiliaria –provocada por ellos mismos- y por la cual el Banco de España da por perdidos nada más y nada menos que 60.613 millones de euros como quien ha perdido un calcetín, bajo esta monarquía corrupta, decía, hay muchos criminales que deberían estar en la cárcel.

Criminales como los millonarios que han sido amnistiados fiscalmente por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien a su vez está envuelto en un caso de prevaricación y tráfico de influencias por la adjudicación «a dedo» de un contrato del Consejo Superior de Cámaras de Comercio a varios miembros de la influyente asesoría Equipo Económic,o que él mismo fundó, entre los cuales se encuentra su hermano Ricardo Montoro.

Criminales como los de la trama Gürtel. Criminales, presuntos aún, como los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, que se sentarán en diciembre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla por el caso ERE, en el que tuvo que dimitir la cúpula al completo de UGT Cádiz, de la que varios miembros se encuentran también procesados.

Escándalos como el de Manuel Moix, que bajo la Fiscalía General José Manuel Maza ha dimitido recientemente como Fiscal Anticorrupción del Estado —tercer fiscal anticorrupción en tres años— , no sólo por tener cuentas familiares en Panamá, sino porque ignoró las primeras denuncias sobre el campo de golf del Canal de Isabel II, rechazó acusar a Esperanza Aguirre cuando se fugó de los agentes de tráfico y por ser descarada la forma en la que intentó cerrar el caso de los espías pagados por la Comunidad de Madrid; Comunidad presidida por Ignacio González —que a su vez se encuentra en la prisión de Soto del Real por desviar un millón de euros de la empresa pública de informática de la Comunidad al PP de Madrid, dinero proveniente del cobro de una comisión de 1,4 millones de euros a la constructora OHL por la adjudicación supuestamente irregular del tren de Navalcarnero y  por la operación de compra de la empresa brasileña Emissao, operación que provocó un agujero de 23,3 millones de euros.

En fin, criminales entre los que no se deben encontrar los nombres de Manuel Alexis González o Manuel Jesús Fuentes, quienes son dos trabajadores humildes que como tantos otros solo están achicharrados de aguantar tanta ignominia que queda impune.

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