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Daniel lopez marijuan

Fotografía: Jesús Massó

Para los activistas sociales, saber dirigir nuestros mensajes a la ciudadanía se revela tan importante como la propia fortaleza de los contenidos que queremos compartir y promover.

Sin embargo, asistimos a  una hipertrofia en cuanto a la “metodología” de los procesos participativos, muy importantes y necesarios en fechas recientes de nuestra ciudad gaditana, que pueden encubrir carencias en cuanto a lo que realmente proponemos.

Es decir, que “decida la gente” está muy bien, pero ese adanismo de empezar de cero no puede sustituir el ofrecimiento de modelos y alternativas solventes técnicamente y con voluntad de consenso social. Es lo que hemos intentado hacer por ejemplo con el proyecto de integración del puerto en la ciudad de Cádiz, o en la puesta en marcha del plan de salud del barrio de la Viña, o en el diseño de actuaciones para  los barrios de Cádiz deprimidos y beneficiados con los fondos Edusi o en la alternativa social y sostenible a Las Aletas en Puerto Real, después de las sentencias del Tribunal Supremo que desestiman el inviable polígono industrial proyectado para ese espacio.

Se trata en todos esos casos de aunar y completar la imprescindible investigación de los técnicos con la aportación social de sus beneficiarios, actuando los movimientos sociales como dinamizadores del proceso. A diferencia de otras iniciativas en las que la democracia directa encubría carencia de alternativas, en todos los ejemplos reseñados se aúnan solvencia técnica, participación real y apoyo institucional. Es un engranaje delicado, que se puede ir al garete si alguna de sus piezas no cumple con lo prometido. La contraposición democracia representativa vs. democracia directa se revela falaz, porque (siempre en mi opinión) una combinación inteligente de ambas intervenciones es lo más efectivo, eficaz y eficiente. Por no decir que es lo más justo.

Es cierto que persisten técnicos que contemplan la participación social como una intromisión, políticos ignaros y activistas rehenes de sectarismo, pero pese a esas limitaciones los ayuntamientos del cambio (Cádiz y  Puerto Real en los casos reseñados) siguen con éxito impulsando proyectos de transformación urbana y social.

Otras dificultades con las que nos hemos encontrado es la debilidad de las instituciones resultado de su propia trayectoria, en la que la colaboración, independientemente de siglas políticas, ha estado ausente. Los alcaldes de la Bahía han abrazado el ombliguismo más estéril, el de sus fronteras municipales, incapaces de tener una visión metropolitana. Si a esa visión patrimonial y reduccionista unimos el patriotismo de partido, no es extraño que la Mancomunidad haya sido capaz solo de integrar la gestión de bomberos, cementerio y recogida de animales, como desolado balance de gestión integrada. No obstante, el Puerto de la Bahía de Cádiz, el Consorcio Metropolitano de Transportes y el Parque Natural de la Bahía  son ejemplos tangibles de que un trabajo institucional conjunto es posible y necesario.

Acemoglu y Robinson explican el fracaso y el subdesarrollo de muchos países por la debilidad de sus instituciones; pues bien, una valoración similar podríamos hacer con el fracaso de la acción municipal de nuestra Bahía, secuestrada por políticos mediocres y cortoplacistas, que además consideraban su ayuntamiento como posesión patrimonial (véase en los 20 años de Teofilato en Cádiz o en la sucesión de alcaldes socialistas en Chiclana). Resultado: ayuntamientos débiles y debilitados.

La ejemplaridad pública que defiende Javier Gomá no es un atributo menor que debamos exigir de nuestras autoridades, sino un requisito inexcusable. Respetar la ley, sí; realizar una gestión eficiente, también; ofrecer una conducta intachable y ejemplar en la conducción de los asuntos públicos, no menos importante.

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