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Antonio luna

Fotografía: Jesús Massó

Las terrazas de bares y restaurantes en Cádiz se han convertido en un ejemplo de libro de privatización de beneficios y socialización de costes. El espacio público constituye un codiciado recurso de elevada rentabilidad para la hostelería y es por ello explotado de manera intensiva. Las terrazas presentan una demanda mucho mayor que los locales interiores, pero, además, tienen reducidos costes fijos. Las tasas municipales suponen 8 o 10 veces menos coste por metro cuadrado que el alquiler de local, a lo que se une un mobiliario barato, en muchas ocasiones cortesía de marcas de bebidas, y un mantenimiento del espacio prácticamente nulo ─barrer y listo─, nada comparable en todo caso con la inversión que requiere la adecuación de un local interior. La alta rentabilidad explica que hasta ahora las multas por exceso de ocupación no hayan servido de disuasión. Compensa pagarlas y seguir sirviendo a más mesas fuera del espacio autorizado. En resumen, estamos ante una evidente privatización del beneficio que genera lo público.

No digo con ello que todos los bares con terraza estén ganando dinero a espuertas, pero sí que muchos establecimientos podrían prescindir de salón en el local, casi siempre vacío, pero no de su terraza, casi siempre llena, pues dependen de ella para subsistir como negocio. El hecho de que estos establecimientos basen su rentabilidad en el aprovechamiento de un recurso que es estrictamente público debería despejar cualquier duda de que la decisión sobre su idoneidad y conveniencia corresponde a la administración titular del bien, en este caso, al ayuntamiento, y que esta valoración debe basarse en el criterio fundamental de que el aprovechamiento no debe comprometer el uso común general al que está destinado el bien público.

Sin embargo, las terrazas han proliferado en los últimos años en Cádiz, como en otras muchas ciudades de nuestro contexto cultural, respondiendo a poco más que a la demanda. Ningún criterio o condición ha modulado su crecimiento, más allá de los límites estrictamente físicos del espacio. El crecimiento de las terrazas ha seguido la lógica capitalista de explotación del recurso hasta su agotamiento. Ninguna norma está sirviendo en la actualidad para ordenar o establecer límites. El propio alcalde alertaba hace unos días de la existencia en Cádiz de 68 bares sin licencia con terraza.

El resultado es que muchas plazas, calles peatonales y aceras están saturadas de mesas, sillas y sombrillas, que no dejan un espacio mínimo de paso, imposibilitan la movilidad de las personas con dificultades, incumplen la normativa de accesibilidad, dificultan la entrada de vecinos a sus viviendas, imposibilitan otros usos de la calle como el juego a la infancia o el paseo, generan ruido y molestias al vecindario… En definitiva, conllevan la socialización de los costes de la actividad hostelera.

La competencia por el espacio público no puede resolverse en un marco de relaciones capitalistas. Se puede plantear qué es más ventajoso económicamente, qué genera más economía, si dedicar el espacio público al transporte motorizado o a terrazas y veladores. Pero no puede establecerse esa misma comparación con la movilidad peatonal o la accesibilidad universal. Como exponía Ivan Illich en su obra “Energía y equidad”, la movilidad peatonal carece de valor de mercado y, por tanto, ponerla en una balanza económica con terrazas y veladores o con el automóvil supondrá su supeditación a estas actividades ─para el peatón lo que quede, si es que queda algo─ o incluso su desaparición. Esto es lo que ha ocurrido en nuestras ciudades en las últimas décadas y sigue siendo la tónica dominante a pesar de las nuevas corrientes del urbanismo. Mientras no nos salgamos de la lógica del mercado, la movilidad peatonal estará en clara desventaja y siempre tendrá las de perder. El peatón deberá echarse a un lado para dejar pasar al coche o para colocar un velador.

Para tratar de reequilibrar la balanza económica en favor del peatón, en los últimos años se han multiplicado los estudios que demuestran las ventajas económicas de la movilidad peatonal. Desde Sevilla a Nueva York, las experiencias de peatonalización demuestran que estas favorecen el comercio de proximidad, la hostelería y el turismo, incentivan el consumo y aumentan las ventas. Pero siendo estos fenómenos una realidad, suponen un planteamiento sesgado de la movilidad peatonal, pues la reduce a su visión desde la óptica del mercado. ¿Qué ocurre en zonas que no tienen a priori un interés comercial o de ocio? ¿Qué ocurre cuando estas actividades económicas entran en conflicto con la propia movilidad peatonal que las ha favorecido?

Desplazarnos por nosotros mismos es, sin embargo, una función innata del ser humano y alcanzar el mayor grado de autonomía en los desplazamientos de todas las personas que tienen una dificultad física para hacerlo, un derecho, para cuya consecución y garantía se ha desarrollado todo un cuerpo normativo en nuestro país. La Ley General de derechos de las personas con discapacidad garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación. Bellos conceptos que en demasiadas ocasiones se topan de bruces con un velador.

La propuesta de ordenanza reguladora de ocupación vía pública con mesas y sillas elaborada por el ayuntamiento de Cádiz, siguiendo la estela de otras ciudades de nuestro entorno, trata de cambiar el punto de referencia y la prioridad en la ocupación y uso del espacio público, partiendo del principio, como el propio borrador de la norma explicita, “de minimización del uso privado frente al público, debiendo prevalecer en caso de duda o conflicto este sobre aquel”. La importancia de la ordenanza radica no tanto en que aporte condiciones novedosas en el uso y ocupación del espacio público ─la normativa de accesibilidad tanto estatal como autonómica regulan en detalle esas condiciones─ sino en que dota al Ayuntamiento de Cádiz de una herramienta eficaz para hacerlas cumplir, pues las actuales herramientas es obvio que no lo son.

La norma propuesta supedita la ocupación por terrazas al uso común general del espacio público, al tránsito peatonal en condiciones de fluidez, comodidad y seguridad, a la accesibilidad de todos los ciudadanos y las ciudadanas, a la seguridad ciudadana y la tranquilidad pública, a la protección frente a la contaminación acústica, a la preservación del arbolado, la vegetación y el paisaje urbanos, a la protección del uso y de los derechos de los usuarios de los edificios, a la garantía del funcionamiento de los servicios públicos y de emergencia. ¿Pero es que podría ser de otro modo?

Lamentablemente, un sector de los empresarios de hostelería parece no opinar igual y la patronal HORECA no ha dudado en defender y abanderar sus tesis. Pero, a pesar del pataleo de algunos, los hosteleros saben de sobra que las condiciones que establece el borrador de ordenanza no son una ocurrencia del concejal de turno ni de ninguna asociación de peatones,  sino que proceden mayoritariamente de normativa estatal y autonómica de accesibilidad, vigente en su actual formulación desde 2010 y 2009 respectivamente. Saben de sobra que si se ha considerado la necesidad de una ordenanza sobre la cuestión es precisamente porque esas condiciones no se están cumpliendo, como muchos hosteleros han reconocido estos días, y porque el Ayuntamiento carece de un instrumento eficaz para hacerlas cumplir. Saben de sobra que, sencillamente, no es admisible cuestionar que las personas con movilidad reducida puedan transitar por la ciudad, que la gente pueda entrar y salir de sus casas o que una ambulancia pueda asistir a quien lo necesite.

Acudir, como hacen estos empresarios, a la creación de empleo para justificar el mantenimiento de la situación de abuso actual y el incumplimiento de la normativa de accesibilidad es pretender una suerte de Patriot Act, a modo de chantaje que no va más allá de lo emocional. Si la USA Patriot Act planteaba a la sociedad estadounidense que, ante la elección entre seguridad y derechos constitucionales, los segundos debían ser restringidos para garantizar la primera, la Patriot Act hostelera nos propone la restricción de los derechos ciudadanos más elementales para garantizar el empleo. Un argumento que además de incalificable no es más que una falacia. Aún suponiendo que hubiera una relación directa entre espacio público ocupado por terrazas y empleo ─algo que los propios trabajadores de la hostelería desmienten y el propio alcalde refutaba con un ejemplo─, es difícil prever ─y desear─ que destinar incluso todo el espacio público disponible a terrazas fuera a garantizar el empleo en la ciudad. Entre otros motivos, porque las personas con movilidad reducida también tienen derecho al trabajo y para poder ejercerlo deben poder transitar por las calles.

Afortunadamente, no todos los hosteleros son de esa opinión. Al contrario, los hay que ven el abuso y la falta de limitación a las terrazas como una competencia desleal. El resto debería quizás ver en la nueva ordenanza una oportunidad para mejorar la calidad de su actividad, la calidad de los espacios públicos y la calidad de sus relaciones con el resto de la ciudadanía. Lo que no se puede en ningún caso es plantear la solución al conflicto como la búsqueda de un equilibrio entre los intereses de la hostelería y de la ciudadanía, pues estamos colocando en una balanza intereses económicos de un sector y derechos básicos de los ciudadanos y las ciudadanas.

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