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Fernando de la riva

Fotografía: Jesús Massó

La participación ciudadana es una forma de compartir el poder entre y con los ciudadanos y ciudadanas. O sea, algo que está muy de moda, una forma de «em-poder-ar» a la gente.

Es, por lo tanto, una expresión elevada y profunda de la democracia. No se contrapone a la democracia representativa sino que la complementa y la completa.

La participación ciudadana es un elemento clave en la articulación de la convivencia social y comunitaria, la estimula, refuerza, ordena…sirve para construir tejido social, para establecer conexiones y sinergias entre los distintos grupos y actores que forman la ciudad.

Es un derecho incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reconocido por la Constitución Española, no es algo “graciable”, un favor o una concesión que nos hacen las instituciones públicas que, por el contrario, tienen el mandato constitucional de facilitar el ejercicio de ese derecho. 

Es incluyente, alcanza a todos los ciudadanos y ciudadanas sin excepciones, en pie de igualdad, por su misma condición de personas que comparten y construyen la ciudad, la «polis», la política.

La participación ciudadana es esencialmente deliberativa, o sea, se basa en el diálogo y el acuerdo, en la búsqueda del consenso, del bien común, del mínimo común convivencial. No hay participación ciudadana sin encuentro ciudadano.

La participación ciudadana también es, por todo eso, un proceso educativo, de educación colectiva, cívica, de educación en valores, comunitaria, para lo común, para la comunidad.

Como consecuencia de todo lo anterior, la participación ciudadana no se lleva bien con la manipulación partidista (de una parte), ni con las tentaciones hegemonistas o los intereses corporativos (que pretenden primar la participación de unos frente a otros).

Y tampoco se lleva bien con las mentalidades autoritarias (de derechas o izquierdas) o con las estructuras de poder, celosas de su acumulación, temerosas de compartirlo, obsesionadas por el control de los procesos sociales y de sus resultados. 

No, la participación ciudadana significa diversidad y pensamiento crítico, autonomía, independencia…

En muchas ocasiones se dice, simplificando para entendernos mejor, que la participación ciudadana consiste fundamentalmente en «contar con la gente», pero eso no significa utilizarla (a la gente, a la participación) para legitimar lo que unas pocas personas han decidido previamente. Y esto vale para las instituciones y poderes públicos, pero también para las organizaciones sociales. Esta perversión, bastante común, es aquello, tan contradictorio, de «quiero que participes, pero siempre que quieras lo que yo quiero». No vale defender la participación pero solo si nos da la razón.

Contar con la gente supone preguntarle, ESCUCHAR y tener en cuenta sus opiniones a la hora de decidir y llevar a cabo una decisión. 

La participación ciudadana no es una sucesión de «QUÉS», de actividades, de iniciativas aisladas, sino un continuo de «CÓMOS», de formas (nuevas) de hacer la política.

La participación ciudadana no es, en la vida municipal, una competencia de UNA concejalía sino una forma de hacer política que la recorre entera, transversalmente, e incluye a todas las áreas y concejalías.

La participación ciudadana no afecta, solo, a las Asociaciones Vecinales sino a todas las asociaciones y las diversas formas de organización de las que libremente se dota la ciudadanía para tomar parte en la convivencia colectiva (en su gobernanza), incluyendo a los grupos informales y a las personas no asociadas que quieren contribuir, con su voz y con su acción a la construcción de la ciudad, al gobierno de su comunidad.

De este enfoque participativo y comunitario solo quedan fuera quienes buscan privilegios o ventajas particulares sobre el resto de la comunidad, quienes defienden intereses privados frente al interés público, quienes anteponen el bienestar individual (o de grupo) al comunitario.

Y por todo ello, y por otras muchas razones, cualquier Reglamento de Participación Ciudadana debe de parecerse lo más posible a un pacto social, a un acuerdo entre todos o una gran mayoría de los actores sociales (que, después, se refrenda y legitima en las instituciones políticas). Los reglamentos, como las reglas de juego, no deben ser objeto de la disputa partidaria, ni de la confrontación social, no deben hacerse sin contar con una parte de la ciudadanía activa, o contra otra parte. Deben construirse colectivamente, de forma participativa, sumando a cuantas personas y colectivos quieran contribuir.

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